11 antiguos miembros del Ejército que resultaron heridos por minas antipersonal, fueron acreditados como victimas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dentro del caso Caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá. Los hechos ocurrieron entre 1997 y 2014.
Para llegar a ese punto, cada uno de ellos presentó ante la JEP su relato, junto con pruebas y documentación. Que fue analizada por la magistratura que determinó que, como consecuencia del uso de minas antipersonal, todos ellos sufrieron lesiones físicas, amputaciones y traumas severos de carácter permanente, que afectaron su integridad y truncaron sus proyectos de vida.
Además, varios de ellos solicitaron el reconocimiento de sus seres queridos como víctimas indirectas, debido al impacto que las secuelas físicas y emocionales generaron en sus núcleos familiares. Por eso, en total fueron acreditadas 23 personas.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad tomó la decisión teniendo en cuenta que el uso de minas antipersonal está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por la legislación colombiana, debido al sufrimiento innecesario que causan y a su carácter indiscriminado.
El reconocimiento de victimas reconoce la dignidad y el valor de quienes han sufrido en carne propia la barbarie del conflicto armado en Urabá. Por eso le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que informe sobre las investigaciones en curso relacionadas con estos hechos victimizantes. Además, ordenó al Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP realizar la georreferenciación de los lugares donde ocurrieron los incidentes.
Asimismo, instruyó a la Secretaría Ejecutiva, a la Oficina Estructuradora de Proyectos, a la Oficina de Enfoques Diferenciales y a la Oficina de Justicia Restaurativa integrar el contenido de esta decisión en el proceso de atención integral y restaurativa para las víctimas acreditadas, caracterizando de manera diferencial los daños y afectaciones sufridos.
La investigación judicial del Caso 04 abarca crímenes cometidos entre 1986 y 2016 en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y San Pedro de Urabá (Antioquia); El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó); Tierralta y Valencia (Córdoba).
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