El sistema de subsidios a servicios públicos en Colombia está a punto de cambiar de raíz.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno nacional evalúa reemplazar el actual modelo de asignación de subsidios de energía y gas —basado en los estratos socioeconómicos— por un nuevo esquema que se guiaría por los criterios del Sisbén, el sistema que clasifica a los colombianos según sus condiciones reales de vida.

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El anuncio se hizo durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde el ministro fue enfático: “Estamos estudiando los mecanismos que nos permitan corregir la distorsión que se genera con el subsidio a la energía y el gas. El punto de referencia ya no debe ser el sistema de estratificación, bastante desactualizado, sino el Sisbén”.

Un subsidio con hueco fiscal de $7,6 billones

Este ajuste en política social no es gratuito. Tiene como telón de fondo una creciente presión sobre las finanzas públicas. Según Ávila, el déficit fiscal ya llegó al 2,4% del PIB en el primer trimestre de 2025, y podría escalar al 7,1% si no se adoptan medidas urgentes.

Uno de los rubros que más pesa es el de los subsidios en energía y gas. En lo corrido del año, el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía han girado $2,5 billones para ponerse al día con las deudas acumuladas con las comercializadoras, incluyendo programas como el FOES, Zonas No Interconectadas (ZNI), GLP en cilindros, gas por redes y la compensación por transporte a Nariño.

Sin embargo, el hueco fiscal sigue abierto. De acuerdo con el Comité Intergremial, la deuda total asciende a $7,6 billones, de los cuales aún faltan por pagar $5,1 billones.

Uno de los argumentos más fuertes del Gobierno para justificar el cambio es que el sistema actual beneficia a personas que no lo necesitan e incluso a empresas.

Hoy, por norma, los hogares en estratos 1 y 2 tienen derecho a subsidios si su consumo no supera en un 50% el básico. Pero como explicó el ministro, muchas personas siguen accediendo a ese beneficio “gracias a distorsiones en la certificación del estrato”.

En cambio, el Sisbén permitiría identificar con más precisión a los hogares vulnerables.

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Hoy, tres de cada cinco hogares que usan gas natural reciben subsidio, que cubre entre el 50% y el 60% de la factura, según Fedesarrollo. Pero solo el 5% de los hogares contribuye con un sobrecargo del 20%, lo que genera una carga desproporcionada sobre el Estado.

Se necesitan $2,7 billones más entre 2025 y 2026

El panorama futuro tampoco es alentador. Un informe de Fedesarrollo reveló que para cubrir subsidios a los estratos 1 y 2 se necesitarán $1,3 billones en 2025 y $1,4 billones en 2026.

A eso se suma el impacto del gas importado, cuyo costo ha subido, y un contexto de caída del recaudo tributario del 4,36%.

“El aumento del gasto en subsidios llega justo cuando los ingresos caen. Es una tormenta fiscal perfecta”, advirtió Sergio Cabrales, uno de los autores del informe junto a Juan Benavides.

La tensión aumentó cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en contra del Ejecutivo: le ordenó asegurar los recursos para cubrir los subsidios de energía y gas de los estratos 1, 2 y 3 en máximo 10 días tras la notificación del fallo.

Esto, luego de que la Fundación para el Estado de derecho interpusiera una acción de cumplimiento por los retrasos en los pagos. La Procuraduría advirtió que no cumplir podría disparar las tarifas hasta un 150% o generar cortes en el servicio.

Según cifras recientes, al 31 de mayo de 2025, la Nación aún adeudaba $1,5 billones en subsidios de energía eléctrica, $550 mil millones en gas por red, y $47 mil millones en GLP en cilindros. Empresas como Air-e y Afinia recibieron giros por $697.000 millones, pero la deuda estructural persiste.

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