Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Colprensa que en las próximas horas citarán a Martha Lucia Zamora, reciente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la investigación de la contratación de los pasaportes.
Al respecto, se conoció que esperan escuchar a Zamora sobre lo que conoce acerca del polémico proceso de contratación de los pasaportes en la cancillería, y del mismo tema por el cual termino saliendo de la entidad jurídica del estado.
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Según las versiones conocidas, Martha Lucia Zamora habría salido del actual gobierno debido a una discusión con el canciller Álvaro Leyva y el cual fue objeto de gritos.
La molestia del Canciller, a quien el Presidente ha respaldado en este episodio, estaría relacionado la posición adoptada por la oficina que dirigía Zamora frente a la demanda de Thomas Greg & Sons, que ganó la licitación para la hechura de pasaportes, que luego se declaró desierta, bajo la premisa de que era necesario repetir la convocatoria para que se presentaran más oferentes.
Thomas Greg & Sons alegó daños causados por incumplimientos de la Cancillería y su Fondo Rotatorio y pidió $120 mil millones como compensación. Ante esta situación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recomendó una solución alternativa para evitar una millonaria demanda contra el estado.
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Tras conocido el caso, Zamora aseguró en declaraciones a W Radio que hay intereses poco claros detrás del tema de los pasaportes y dijo haber recibido información de una supuesta reunión el fin de semana en un hotel en París, al que habría asistido Jorge Leyva, el hijo del Canciller, y el funcionario del Ministerio de Exteriores, Juan Carlos Lozada.
Zamora prometió poner en conocimiento de la justicia lo que sabe sobre esa reunión, que le llegó a través de una fuente confiable, para que se establezca que trascendió y que habrá de cierto en que estaría relacionada con el tema de la licitación de los pasaportes.
Asimismo, la Procuraduría anunció hace en septiembre de este año la apertura de investigación disciplinaria por la Procuraduría General contra el canciller, Álvaro Leyva, y el secretario general del Ministerio de Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, por "las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes".
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público afirmó que la determinación de "declarar desierto el proceso de licitación público" de los pasaportes por parte de los funcionarios podría haber "vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria".
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