Cada año, en el ciclo final del calendario escolar, es usual que se programen ceremonias de grado para entregar diplomas de bachiller a los estudiantes que terminan 11°, sin embargo, también se está haciendo costumbre que, en algunos colegios, a los jóvenes que aprueban satisfactoriamente el 9° se les otorgue un reconocimiento por haber logrado culminar sus estudios en la básica secundaria.
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No obstante, se trata de una práctica que no aplica para la ley, pues de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, solo están permitidos los grados en el nivel de educación media, razón por la cual, Edgar Alfonso Santiago, docente del Colegio San José de Cúcuta, decidió establecer una denuncia contra este plantel educativo y solicitar una investigación a la Secretaría de Educación Municipal y diferentes órganos de control, alegando que allí se presentaron presuntas irregularidades para llevar a cabo unas graduaciones.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por el docente, este cuestiona el porqué se permitió que algunos padres de familia recogieran “cuotas obligatorias” para el supuesto alquiler de un salón de graduación en un hotel de la ciudad, así como también, de qué manera personas particulares estuvieron en el colegio el día 27 de noviembre cobrando $20 mil pesos ($2 mil para el diploma y $18 mil para las fotos) a los acudientes de los estudiantes que finalizaron el grado noveno.
Asimismo, denuncia que “en una extraña modalidad contractual”, a los estudiantes del grado once se les obligó a cancelar $50.000 para cubrir, al parecer, el costo de fotografías de la ceremonia de grado.
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Según lo señalado por el docente, en la institución educativa se recolectaron cerca de $13 millones, por lo que pidió investigar a profundidad, pues los cobros se realizaron en las instalaciones del colegio, algunos en una oficina que se le asignó a un particular.
“Esto es un entramado en todo sentido, sobretodo en la parte económica”, dijo el maestro.
La denuncia fue elevada ante el Ministerio de Educación Nacional, la Contraloría y Procuraduría, Alcaldía de Cúcuta, así como al alcalde electo, Jorge Acevedo, a la institución educativa y al consejo directivo y académico de la misma.
“Yo ya obtuve una respuesta de la Secretaría de Educación, pero es bastante curiosa, porque el funcionario al que le asignaron el tema me respondió que le remitió a la institución educativa para que me diera una respuesta, es decir que no asumen la competencia legal para investigar”, añadió el maestro.
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En este sentido, indicó que teniendo en cuenta que el despacho de Educación tiene un nuevo secretario, remitirá una copia de la denuncia al funcionario, para que la analice y se hagan las investigaciones pertinentes.
“Es calumnia”
La Opinión logró ponerse en contacto con el rector del Colegio San José de Cúcuta, José Edinson Camargo, quien manifestó que está enterado de esta denuncia y que, en los próximos días, entregará una declaración oficial con las pruebas pertinentes para aclarar la situación.
El directivo precisó que, están atendiendo la denuncia y “muy seguramente procederemos a hacer una demanda por injuria y calumnia”, pues señala que no solo están afectando su buen nombre sino también el de muchos integrantes de la comunidad educativa.
La Opinión intentó obtener respuesta desde el despacho de Educación, pero al cierre de esta edición no se obtuvo ninguna declaración, sin embargo, se tiene conocimiento de que la secretaría ya tiene en trámite el proceso.
No está permitido
La Opinión consultó con Eduardo Parra, presidente de la Liga Municipal de la Asociación de Padres de Familia de Cúcuta (Asopadres), quien señaló que, aunque no tienen conocimiento oficial de esta denuncia, dichos cobros se han convertido realmente en un “negocio”.
“Legalmente, los únicos grados autorizados son los de once, esos grados de prescolar a primero, de quinto a sexto y de noveno a once son inventos de los rectores y los colegios”, dijo Parra.
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El representante de Asopadres sostuvo que esos reconocimientos son solo grados protocolarios y, por ende, los aportes de los acudientes y/o padres de familia para fotografías o diplomas, tendrían que ser voluntarios y no obligatorios.
Parra detalló que, aunque en algunos colegios lo hacen para estimular a los estudiantes, lo legalmente establecido es que a los jóvenes que culminan el grado noveno se les entregue solo el certificado de aprobación por si desean realizar alguna carrera técnica y/o continuar sus estudios de décimo y once en otro colegio.
“Los grados deben hacerse en los colegios, lo que pasa es que hay directivos que quieren ostentar y entonces piden cuotas adicionales, y a veces los padres de familia, aunque no tengan dinero, por no dejar a sus hijos como achantados o tristes, se someten a esos requerimientos”, apuntó Parra.
Señaló que son muy pocos los planteles educativos que se limitan a cumplir con lo establecido por la ley, destacando además que, a veces, los colegios no quieren que se constituyan las asociaciones de padres de familia, pues saben que son las encargadas de supervisar qué se está haciendo y/o exigiendo y pueden ponerle el freno a diferentes situaciones.
¿Qué dice la ley?
De acuerdo con el Decreto 4807 de 2011, parte del giro de los recursos del Sistema General de Participaciones para gratuidad educativa por parte del Ministerio de Educación Nacional a los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas estatales, se puede destinar a los “costos asociados al trámite para la obtención del título de bachiller”.
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La ley precisa que los rectores deben velar “porque no se realice ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios a los estudiantes matriculados en la institución educativa entre transición y undécimo grado, en ningún momento del año”.
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