La Fiscalía General de la Nación expidió hace días una directriz que adopta la estrategia transitoria de investigación para enfrentar la criminalidad en los comicios legislativos y presidenciales de este año, articulando a fiscales especializados, unidades de policía judicial y sistemas de análisis criminal para cazar a quienes atenten contra la participación ciudadana, priorizando la vigilancia sobre la financiación de campañas y la desarticulación de redes dedicadas a promover la corrupción al sufragante y el fraude electoral en todo el territorio nacional.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó la ejecución de este bloque operativo mediante la firma de la Resolución 0-0047, y señaló que los actuales procesos electorales exigen un "alistamiento institucional diferenciado, con capacidad de reacción oportuna, presencia territorial efectiva, canales especializados para la recepción y trámite de denuncias" frente a los riesgos que puedan afectar la transparencia democrática.

Para lograrlo, la entidad explicó que construirá un mapa de riesgo que medirá las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de los territorios y la incidencia de grupos armados criminales, con el fin de priorizar la atención en las zonas con altas probabilidades de violencia o manipulación de votos.

En el centro de esta ofensiva contra la plata sucia en la política, la institución de justicia detalló que creará el Observatorio de Financiación Electoral liderado por la Sección de Análisis Criminal , el cual vigilará con lupa "la información sobre violación de topes de financiación, gastos de campaña y fuentes de financiación" ilegales.

Sobre este punto, el ente investigador concluyó que sus peritos realizarán un monitoreo constante de medios de comunicación abiertos y redes sociales desde el inicio de las campañas hasta el cierre de las urnas, con el propósito de identificar el verdadero gasto de los políticos y su correspondencia con los límites legales, castigando duramente a quienes permitan el ingreso de aportes prohibidos a sus candidaturas.

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Advertencia clara para candidatos y votantes

La directriz judicial también apuntó a las prácticas cotidianas que distorsionan la democracia y advirtió, en un lenguaje muy fácil de entender, que los candidatos no podrán, por ningún motivo, comprar la voluntad popular, ya que entregar dinero u ofrecer cualquier tipo de regalo a un elector a cambio de su apoyo se castigará penalmente como corrupción al sufragante.

Asimismo, la Fiscalía indicó que presionar o amenazar a un votante es considerado constreñimiento al sufragante, mientras que recurrir a engaños para que una persona inscriba su cédula en un municipio distinto al de su residencia real se juzgará como fraude en inscripción de cédulas.

Los votantes también quedaron plenamente notificados de sus responsabilidades frente a las urnas, pues la autoridad subrayó que la ciudadanía debe saber que usar, obstruir o incidir en la voluntad popular en beneficio propio podría terminar en la cárcel.

En ese sentido, la entidad penal explicó que si un ciudadano ofrece, entrega o recibe plata por su voto, incurre automáticamente en corrupción al sufragante, y añadió que ejercer el derecho al sufragio más de una vez o hacerse pasar por otra persona se procesará de inmediato bajo el delito de voto fraudulento.

Para garantizar una reacción contundente el día de las elecciones, la Fiscalía ordenó que todas las informaciones sobre estos hechos ilícitos sean "tramitadas como actos urgentes", asegurando la recolección veloz de la evidencia por parte de los investigadores y analistas en los diferentes puestos de votación.

Finalmente, la institución invitó a los colombianos a reportar cualquier anomalía a través de la página web institucional en el botón de ‘Denuncia fácil’, llamando desde el celular a la línea 122 o al #623 de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), y concluyó que, máximo dos meses después de cada jornada, entregará un informe que analizará hasta las pruebas ocultas en "las herramientas de autenticación biométrica y los sistemas de información que soporten el proceso electoral".

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