La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, señalados de haber recibido millonarios sobornos en medio del escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión se da tras negar el recurso de reposición presentado por las defensas, con lo cual la acusación por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros quedó en firme.
Con este fallo, el proceso pasa a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de adelantar el juicio formal. Previamente, la Corte había rechazado una solicitud de libertad interpuesta por la defensa de Calle, al considerar que la actuación judicial se ha desarrollado dentro de los tiempos previstos por la ley.
El caso, que ha salpicado a altos exfuncionarios del Congreso y a exdirectivos de la UNGRD, gira en torno al presunto desvío de recursos públicos con el propósito de pagar sobornos a congresistas para favorecer proyectos legislativos impulsados por el Gobierno entre septiembre de 2023 y abril de 2024.
Sobornos y contratos en el centro del escándalo
De acuerdo con la acusación, los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, habrían acordado respaldar las reformas sociales del Ejecutivo —entre ellas, la pensional y la de salud— a cambio de la entrega de millonarias sumas de dinero.
Corte Suprema dejó en firme el juicio contra Iván Name y Andrés Calle.
Las pesquisas señalan que el plan fue ejecutado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, director y subdirector de la UNGRD en ese momento, quienes habrían recurrido a maniobras financieras para disponer de recursos públicos con los que se materializaron los pagos.
El expediente detalla que el dinero para los presuntos sobornos se originó en un préstamo privado de $4.000 millones obtenido por Pinilla del prestamista Pedro José Castro Espinoza. Según el testimonio de este último, la suma fue entregada en tres tandas en efectivo: la primera de $1.500 millones en un maletín deportivo en su vivienda la noche del 11 de octubre de 2023; una segunda de igual valor dos días después en el parqueadero de la Plaza España, en el centro de Bogotá; y el monto restante en bolsas de basura ese mismo día.
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Con ese dinero, los directivos de la UNGRD habrían procedido a pagar a los congresistas. La Corte señala que Name recibió $3.000 millones en dos entregas de $1.500 millones cada una, los días 12 y 13 de octubre de 2023, “a través de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones”. Las entregas se realizaron en el Hotel Tequendama Suites de Bogotá.
En cuanto a Andrés Calle, la investigación sostiene que recibió $1.000 millones directamente de Pinilla el 14 de octubre de 2023, en un apartamento en Montería. El encuentro, según el expediente, fue coordinado mediante conversaciones de chat que hoy reposan como prueba dentro del proceso.
Corte Suprema confirmó el juicio por corrupción a Iván Name y Andrés Calle. // Foto: Colprensa - Catalina Olaya.
Recursos públicos desviados y presunta financiación política
El dinero prestado fue devuelto en enero de 2024 con fondos públicos provenientes del anticipo de un contrato direccionado para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua a comunidades de La Guajira. Sin embargo, los vehículos resultaron inoperantes, lo que destapó el desvío de recursos.
Para la Corte Suprema, los congresistas “conocían que el dinero que se les entregaba y del cual se apropiaban, tenía por lo menos un vínculo mediato, funcional, con el patrimonio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”.
La investigación también apunta a que los recursos fueron utilizados para financiar campañas políticas. Name habría destinado los $3.000 millones a la campaña de su hija al Concejo de Bogotá, mientras que Calle habría usado los $1.000 millones para apoyar las aspiraciones de su hermano a la Gobernación de Córdoba y de su padre a la Alcaldía de Montelíbano.
Actualmente, ambos excongresistas enfrentan el proceso desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecen privados de la libertad mientras se adelanta el juicio que definirá su responsabilidad en uno de los mayores casos de corrupción política de los últimos años en Colombia.
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