La Contraloría solicitó formalmente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) toda la información relacionada con un contrato por un valor aproximado de $18.000 millones destinado al desarrollo de una aplicación móvil, luego de recibir una denuncia sobre la publicación del anexo técnico para dicho proceso.

La comunicación, con fecha del 30 de septiembre de 2025 y firmada por Andrey Geovanny Rodríguez León, contralor delegado para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, fue dirigida al presidente del Icetex, Álvaro Hernán Urquijo, y al jefe de Control Interno de la entidad, Juan Carlos Ramírez.

En el documento, la Contraloría explicó que, atendiendo a sus atribuciones constitucionales, inició la revisión de las circunstancias que rodean el contrato que busca implementar una “solución tecnológica innovadora”.

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Según el oficio, esta aplicación móvil permitirá a los usuarios "acceder, gestionar, y realizar transacciones de manera segura y eficiente desde cualquier lugar, a través de una aplicación móvil que integre servicios financieros, educativos y de acompañamiento institucional".

Por lo anterior, el organismo de control fiscal ordenó al Icetex la entrega de cuatro puntos clave para su análisis. Primero, los estudios previos, el análisis de necesidad, los pliegos de condiciones, los anexos técnicos, la publicación de la licitación y los estudios de mercado. Segundo, un informe detallado sobre el análisis de las ofertas digitales que se presentaron en el proceso.

Adicionalmente, se exigió la copia electrónica completa tanto del contrato suscrito como de interventoría. Finalmente, la Contraloría pidió una explicación sobre la estructura de costos del proceso de contratación y que se informe sobre los mecanismos adoptados para asegurar la correcta utilización de los recursos públicos, especialmente cómo se garantizó que el mecanismo de subasta inversa cumpliera con su objetivo de optimizar las condiciones económicas y de mercado.

El Icetex cuenta con un plazo perentorio para entregar toda la documentación requerida. El ente de control señaló que la información debe ser allegada a los correos electrónicos institucionales de los funcionarios a cargo de la investigación dentro de los tres días posteriores a la recepción de la comunicación oficial.

La Contraloría advirtió de manera explícita que el incumplimiento en la entrega de los soportes solicitados o la falta de respuesta en el tiempo estipulado podría acarrear el inicio de un proceso administrativo sancionatorio fiscal.

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