La Contraloría General de la República desmintió este miércoles al Ministerio de Relaciones Exteriores al asegurar que sí existen retrasos probados frente al cronograma inicial y riesgos financieros en la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes, conclusión que contradice la postura oficial del Gobierno sobre la inexistencia de fallas operativas y que advierte sobre posibles afectaciones al patrimonio público y a la continuidad del servicio.
El pronunciamiento se dio a través de una comunicación formal dirigida a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mary, en respuesta al comunicado emitido por esa cartera el pasado 19 de enero. El Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras manifestó que la afirmación de la Cancillería sobre el normal desarrollo del proceso "no se compadece con los riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos evidenciados y documentados" por el organismo fiscalizador.
La entidad de control fue enfática al señalar que "no es jurídicamente acertado afirmar que 'no existen retrasos y riesgos en aspectos financieros sin el suficiente soporte que representa un riesgo puntual'", especialmente cuando el ente ha identificado situaciones concretas y verificables en curso.
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Uno de los puntos críticos señalados en el documento radicó en la falta de claridad económica del proyecto. La Contraloría advirtió que "incertidumbre y riesgo financiero acompañan el nuevo modelo de suministro de pasaportes por la falta de estimación completa de costos".
El análisis fiscal alertó sobre un "posible incremento operativo y riesgo cambiario" que podrían afectar las fuentes de financiación e impactar la disponibilidad de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el organismo, los retrasos y la falta de oportunidad en las acciones relacionadas con el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 "ponen en riesgo la operación y amenazan la implementación y sostenibilidad del modelo".
Sobre la ejecución de los tiempos, la Contraloría evidenció un "desapego a los términos y fechas originalmente previstas para estructurar e implementar el nuevo modelo". Esta situación obligó a la Cancillería a acudir a mecanismos transitorios y esquemas contractuales que, según el ente de control, evidenciaron una "inoportuna persistente".
El informe técnico citó "reiterados cambios en el cronograma de implementación del Modelo", con prórrogas constantes en las fechas de cumplimiento. La entidad calificó esta práctica como un "factor de riesgo significativo" de cara a los términos finales definidos.
Entre las evidencias documentadas en las hojas de cálculo de seguimiento, la Contraloría listó múltiples tareas marcadas como "ATRAZADO", incluyendo la personalización de software, la aprobación de diseños, la producción y entrega de insumos, y fases de desarrollo del ciclo de vida. Estos hallazgos confirmaron que existen actividades vencidas sin cumplirse y otras en curso próximas a su vencimiento.
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