La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela presentada por la exconsejera para las regiones Sandra Liliana Ortiz con la que buscaba su libertad, a través de hábeas corpus y por vencimiento de términos, en el sonado caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En la providencia, la Corte analizó el trámite de la acción constitucional de hábeas corpus y la decisión del Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la exfuncionaria.

¿Por qué la Corte Suprema tomó la decisión de negar la solicitud de Sandra Ortiz?

Frente al hábeas corpus, el alto tribunal negó el amparo contra la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral, al concluir que esta contó con fundamento normativo y se ajustó a los parámetros constitucionales de ese mecanismo excepcional. La Sala precisó que el hábeas corpus no puede operar como instrumento para sustituir el debate propio del recurso de apelación.

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La Corte señaló que, mientras no se resolviera el recurso ordinario correspondiente, el hábeas corpus no era el mecanismo idóneo para desplazarlo ni para reabrir discusiones propias del trámite penal.

En cuanto a la negativa de libertad por vencimiento de términos, la Sala declaró improcedente la tutela contra la decisión del juzgado de garantías. El tribunal concluyó que Ortiz contaba con un medio ordinario eficaz para controvertir esa determinación —el recurso de apelación— del cual desistió voluntariamente, lo que impide habilitar la intervención del juez constitucional.

La providencia sostuvo que no se evidenció vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal, al debido proceso ni a la defensa, ni la existencia de defectos que justificaran la intervención excepcional del juez de tutela en las actuaciones cuestionadas.

Ortiz permanece privada de la libertad y es investigada por su presunta participación en un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Uungrd), relacionado con el traslado de dinero en efectivo para el pago de sobornos a congresistas.

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