La Contraloría y la Procuraduría advirtieron sobre los riesgos que tendrá la finalización, el próximo 30 de junio, de la prestación y suministro del servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad, por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

De acuerdo con la alerta hecha por ambas entidades, a partir del 30 de junio por disposición legal dicho servicio de alimentación tendrá que ser asumido por las entidades territoriales.

“Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley 2346 de 2024, en la cual se asignaron nuevas competencias a las autoridades territoriales (alcaldías y gobernaciones) en materia de alimentación para atender la situación humanitaria de las personas privadas de la libertad recluidas en las estaciones de Policía y URI del país”, destacó la Contraloría a través de un comunicado.

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En ese sentido, cada gobierno local deberá presentar sus planes de atención y cumplimiento de lo establecido por la ley y garantizar la continuidad del servicio de alimentación en cada centro de detención.

Los organismos de control informaron que harán seguimiento y control a este servicio y para ello requerirán la información sobre su cumplimiento a las entidades territoriales.

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