La Procuraduría General de la Nación dio a los mandatarios del Catatumbo y a quienes incluye el Estado de Conmoción Interior algunas indicaciones para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos durante los próximos meses.
De acuerdo con órgano de control, “en materia de contratación pública lo que no está reglamentado en los decretos del Gobierno Nacional emitidos en el marco de la Conmoción Interior deberá ceñirse a las reglas ya establecidas, en especial a las contenidas en el Estatuto Anticorrupción”.
Así mismo, les recomendó a los mandatarios apoyarse con los mecanismos y herramientas definidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para garantizar una buena trazabilidad de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Las indicaciones comprometen a los gobernadores de los dos departamentos involucrados (Norte de Santander y César), así como a 19 alcaldes de ambos departamentos.
De igual manera, la Procuraduría les recordó a los mandatarios, que en circulares anteriores ha recomendado a los mandatarios optimizar el uso de recursos del Sistema General de Regalías (SGR), para maximizar su impacto a favor del bienestar de la población, así como aprobar las inversiones en proyectos que contribuyan a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
Estas comunicaciones fueron enviadas a los alcaldes de Cúcuta, Villa Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander, Ocaña, Tibú, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, Playa de Belén, El Tarra y Sardinata, en Norte de Santander, y de Río de Oro y González, en Cesar.
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¿Se puede caer el decreto de conmoción interior?
A pesar de los avances legislativos del Gobierno Nacional en medio de la conmoción interior para contrarrestar la crisis humanitaria en el Catatumbo, la Corte Constitucional designó a la magistrada Paola Andrea Meneses para revisar la viabilidad jurídica del Decreto 0062 del 2025 que declaró el estado de conmoción interior en esta zona del país.
Avanza la revisión del decreto
En medio del proceso de revisión en la Corte Constitucional, varios abogados, entre ellos el especialista en Derecho Público, Germán Calderón España, han solicitado la suspensión provisional del decreto, especialmente porque, según sus justificaciones, “no existe unidad de materia de las verdaderas causas y presupuestos de un estado de conmoción interior, pues no se consideran los argumentos imprevisibles e intempestivos ya que hace mucho tiempo se presentan y se podrían conjurar con medidas constitucionales y legales ordinarias”.
Además, dice que la perturbación del orden público argumentada por el Gobierno supone que si no se tiene la capacidad de controlar la crisis y de poner orden a un nivel regional “mucho menos podrá solucionar otras crisis semejantes en diversas zonas del país históricamente azotadas por la violencia, lo que podría perfilar una declaratoria de conmoción interior en todo el territorio nacional y así potenciar las atribuciones exorbitantes de ese estado de excepción en cabeza del Presidente de la República”.
Por otro lado, una veeduría denominada Antioqueños por Colombia y Abogados por la verdad dice que era necesaria la consulta previa para decisiones que impactarán directamente a pueblos indígenas. Además, piden que se anule estado de conmoción interior porque, entre otras razones, no se atendieron las alertas tempranas dadas por la Defensoría del Pueblo desde agosto del 2024.
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