Mientras la Corte Constitucional define si la reforma pensional es exequible, o no, las entidades inmersas en el sistema se preparan operativa y administrativamente para alinearse con la nueva regulación, para que entre en funcionamiento una vez reciba el aval del alto tribunal. El Banco de la República es uno de esos actores que afina detalles, tomando en cuenta que ahora será el administrador de los fondos que reciba Colpensiones.
Según explicó el gerente general del Emisor, Leonardo Villar, básicamente la reforma implicó que una mayor cantidad de cotizaciones fuera hacia el fondo público, que es Colpensiones, y que gran parte de esos recursos serán administrados por el banco central, con el fin de reducir el déficit de Colpensiones que le obliga al Estado a cubrir parte de las jubilaciones con recursos públicos, aproximadamente $20 billones. El problema es que sin la exequibilidad, el fondo no se puede conformar.
“Lo que dijo la Corte fue que la ley no está vigente, y por ende no se puede sacar un decreto reglamentario de esa ley hoy, porque no puede haber un decreto de una ley que no está vigente. Entonces, esos procesos que teníamos que hacer, que incluían decretos que sacara el Gobierno, como el de firmar un contrato con el Estado para la administración de esos recursos, no lo podemos firmar, precisamente porque no hay ley”, sentenció Villar.
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El ejecutivo aseguró que, en principio, al Emisor le ingresarían entre $1,5 billones y $2 billones mensuales, monto que ascendería en las próximas décadas hasta acumular alrededor de $700 billones.
El fondo podría superar los $300 billones en 2060
“Hoy en día 1% del PIB son cerca de $20 billones, por eso la estimación va a ser de $2 billones mensuales, y se iría acumulando. En 2040 el fondo podría tener algo así como 10% del PIB. hoy eso es más o menos $180 billones, y en 2060, llega a su máximo que es por encima de 15% del PIB, que sería algo entre $270 y $300 billones, básicamente ese es el tamaño del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo”, detalló Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos.
El freno de la Corte no solo le ha parado procesos al Emisor, los fondos privados también están pidiendo que una vez se deje en firme la reforma, se suspenda por al menos 60 días la entrada en vigencia para poder actualizar las bases de las semanas cotizadas por los trabajadores, y así determinar quienes podrían hacer parte del régimen de transición.
“Los fondos hemos dicho que hace falta precisión de reguladores importantes, sobre todo del Ministerio de Hacienda, de quien esperamos las regulaciones sobre el seguro previsional, para la población en transición, que es el que cubre los riesgos de muerte o incapacidad; necesitamos precisiones sobre las licencias modulares que le van a permitir a los fondos ofrecer productos fiduciarios de ahorro de largo plazo, y hace falta la extensión de otros dos decretos”, dijo Velasco.
Tomado de La República
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