Cuando se van a cumplir seis meses, el próximo 19 de agosto, del atentado con explosivos que destruyó parcialmente el Peaje La Parada, ubicado en el sector Lomitas de Villa del Rosario, la golpeada estructura sigue en pie, pese a que en mayo pasado se emitió una orden para su demolición total, en vista del alto riesgo que representa para quienes transitan a diario por el lugar.
Frente a esta situación, la Veeduría Ciudadana Flórez Opina interpuso una acción de cumplimiento contra el municipio de Villa del Rosario y la Unión Temporal Peajes Nacionales (UTPN) ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, la cual fue admitida por el juez Germán Alberto Rodríguez Manasse, quien en los próximos 20 días hábiles -contados a partir de hoy- deberá emitir un fallo al respecto.
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Miguel Ángel Flórez, representante de esta veeduría, explicó que la acción tiene lugar tras no obtener respuesta del municipio en cuestión, al reclamo oficiado el 13 de junio, sobre el cumplimiento de la orden emitida por la Inspección de Policía de Villa del Rosario, mediante Auto 022 del 17 de marzo de 2025, que establece la demolición total de las casetas que componen el peaje La Parada, en vista de la seria afectación que presenta su estructura.
Hay que recordar que inicialmente la orden de demolición debió ser acatada por la Unión Temporal Peajes Nacionales, operador de las casetas de cobro en La Parada, pero ante la renuencia en el cumplimiento de la medida, es responsabilidad del municipio llevarla a cabo.
En todo caso, a dos meses de la última reclamación ciudadana, “el señor alcalde ha hecho caso omiso a su deber funcional”, señaló Flórez.
Sobre el porqué se ha demorado el cumplimiento de dicha orden, La Opinión intentó establecer comunicación con Simón Vargas, secretario de Planeación de Villa del Rosario, dependencia a la que le corresponde ejecutar la demolición para conocer las razones, pero no se obtuvo respuesta.
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Sin embargo, el veedor ciudadano manifestó que, de acuerdo con la respuesta de la administración rosariense a la acción de tutela interpuesta por un ciudadano del municipio, desde la Alcaldía se encuentran haciendo las gestiones administrativas y financieras para hacer la demolición.
“Son excusas. En una obra civil lo que menos cuesta es una demolición y por el tipo de estructura que se requiere demoler, no costaría más de 40 millones de pesos, además que no requieren hacer ni siquiera un proceso de licitación”, expuso el veedor ciudadano.
Escenarios posibles
Sobre lo que podría pasar en los próximos 20 días que tiene el juzgado para emitir un fallo, Flórez señaló que un escenario podría ser que efectivamente se cumpla la orden de demolición y se de por superado el hecho, y ahí quede todo; o que se interponga un recurso de reposición, para irse a un segunda instancia.
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En caso de presentarse esto último, “el alcalde quedaría muy mal ante la comunidad, por no cumplir una orden que él mismo dio”, manifestó Flórez, recordando que Camilo Suárez fue quien ratificó el nueve de mayo la decisión del inspector de policía, Jaime Castro.
Por otra parte, aseguró que en este momento Suárez está incurriendo en una conducta disciplinaria, por no hacer cumplir las normas, que podría acarrear la suspensión temporal del cargo, por un período mínimo de tres meses. De igual modo, la UTPN también estaría cometiendo el mismo desacato y debería ser objeto de sanción por la administración municipal.
“Uno no solo no se explica por qué el alcalde no demuele, sino por qué no le ordena a la estación de policía que todos los días vaya y le imponga una multa a la Unión Temporal por desacato”, manifestó Flórez.
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