El 10 de octubre de 2024, la Selección Colombia pisó el temido césped de El Alto para enfrentar a Bolivia por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Más allá de los desafíos naturales que impone la altitud de más 3.600 metros, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo sabía que este no sería un partido cualquiera. En juego estaba su invicto de nueve fechas y, como si fuera poco, el ambiente se tensó aún más con la denuncia por presunto espionaje a la delegación tricolor en los días previos al compromiso.

Ese día, el resultado en la cancha fue adverso. Colombia cayó por la mínima diferencia ante una selección boliviana que celebró como si fuera una final. El invicto tricolor quedó enterrado en el estadio y, con él, empezaron las dudas sobre el proceso de Lorenzo. Sin embargo, lo que en ese momento se percibía como una derrota deportiva más, pronto revelaría un fondo mucho más complejo.

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Tras el pitazo final, como es protocolo en competencias oficiales, se llevó a cabo el respectivo control antidoping. Fue en ese momento cuando la delegación colombiana comenzó a recibir las primeras señales de que algo no estaba del todo claro. Se hablaba en voz baja, con cautela, pero con preocupación. Y la bomba no tardaría en explotar.

Días después, desde Suiza llegó una confesión inesperada. El mediocampista boliviano Borís Céspedes, quien milita en el fútbol helvético, reconoció públicamente haber dado positivo en una prueba antidopaje realizada después del partido que su selección jugó ante Uruguay el pasado 25 de marzo en Villa Ingenio. Esa admisión encendió todas las alarmas.

No era un hecho aislado. Desde el interior de la Selección Colombia se filtró una información todavía más explosiva: en el duelo del 10 de octubre ante los cafeteros, dos jugadores de la ‘Verde’ habrían dado positivo en el control antidopaje. Las muestras, según estas fuentes, ya habrían sido analizadas y arrojaron resultados preocupantes. La Federación Colombiana de Fútbol, prudente pero atenta, decidió esperar la contraprueba oficial antes de pronunciarse públicamente.

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Ese análisis puede tardar entre cinco y seis meses, un periodo en el que la incertidumbre se cierne sobre la legitimidad de aquel partido en La Paz. Aunque las normas antidopaje de la FIFA son claras en cuanto a las sanciones individuales, la situación se complica cuando se trata de consecuencias colectivas. Para que un resultado deportivo fuera anulado o los puntos le fueran otorgados a Colombia, tendrían que haber estado involucrados al menos tres jugadores por parte de Bolivia. Al tratarse de dos, lo más probable es que la FIFA imponga sanciones a los futbolistas implicados, pero no altere el marcador ni la tabla de posiciones.

El golpe anímico para Colombia fue fuerte. Perder el invicto duele, pero más duele saber que tal vez ese revés no fue completamente limpio. Desde la sede de la Federación el mensaje es de mesura. Se respetará el debido proceso, pero también se exigirá transparencia. El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, que ya había denunciado irregularidades en la logística y hasta actos de espionaje, ahora encuentra un argumento más para cuestionar lo vivido en Bolivia.

Mientras tanto, los hinchas colombianos se dividen entre la indignación y la esperanza. La indignación por una posible trampa, y la esperanza de que, al menos, se haga justicia con los responsables. El caso sigue abierto, y las próximas semanas serán clave para saber si el escándalo se limita a sanciones individuales o si, por el contrario, sacude aún más el panorama de las Eliminatorias sudamericanas.

Una cosa está clara: el fútbol necesita claridad y equidad, y ningún resultado —por más histórico que parezca— debería estar manchado por la sombra del dopaje.

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