El drama y los problemas alrededor de las víctimas de desplazamiento forzado que ha dejado la crisis humanitaria del Catatumbo sigue latente, pese a que ya han transcurrido seis meses desde el inicio de la nueva escalada violenta entre el Eln y las disidencias del Frente 33 de las Farc, provocando a la fecha la estampida de más de 70.000 personas, la más grande de los últimos años. 

Muestra de esto es la situación de angustia e incertidumbre que viven 495 víctimas de desplazamiento forzado en Cúcuta, que se encontraban alojadas en hoteles, pero que a partir de ayer comenzaron a salir, luego de que finalizara la fase urgente de atención humanitaria, contemplada en la Ley 1448 de 2011, también conocida como la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. 

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La finalización de esta etapa coincide con el avance que ha tenido el proceso de inclusión de estas personas en el registro único que lleva la Unidad de Víctimas, que según la entidad va en 409; de las cuales el 89%, es decir, 364 cuentan con ayuda humanitaria de emergencia asignada.

Esto quiere decir que las personas que recibieron esa asignación debieron echar a andar un plan de supervivencia, como pagar un arriendo y buscar un empleo que les permita el sustento diario. 

De ventaja a problema

En este punto, la oferta institucional, que debería ser una ventaja para las víctimas se ha convertido en un dolor de cabeza para estas personas, ya que la mayoría no emprendió tal plan por diferentes motivos. 

Por ejemplo, algunas personas tuvieron que atender necesidades urgentes, como consultas y tratamientos médicos; otras, en especial mujeres, madres cabeza de hogar, no tenían como independizarse ante la falta de alguien que cuidara a sus hijos para poder salir a trabajar, mientras que otro grupo no actuó por desconocimiento. 

En este contexto, la sede regional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Uariv- colapsó con la llegada de cientos de personas desalojadas que pedían un lugar digno para pasar la noche y los próximos días mientras lograban establecerse. 

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Otro de los inconvenientes que han surgido en torno a los desplazados, es la baja activación de rutas de solución duradera, pues de acuerdo con la Unidad de Víctimas, solo 43 personas han iniciado el proceso de retorno, reubicación o integración local, lo que genera dificultades y dilaciones en el proceso de atención y acompañamiento oportuno. 

“Yo no puedo ni quiero regresar por allá”, dijo Rosmary, quien tenía su residencia en el Kilómetro de 19 de Tibú. “He sido desplazada dos veces y yo lo que quiero es irme a Bogotá con mis dos hijos, pero el problema es que a mi hija la operan a fin de mes, es una cirugía que lleva esperando largo rato y no quiero que la pierda, pero si me sacan del hotel ya no tengo a donde ir”, narró la mujer. 

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Ella hace parte del 90 por ciento de este grupo de desplazados que no quiere ni puede volver al Catatumbo, pues de acuerdo con la Mesa de Víctimas de Cúcuta, están bajo amenaza de los grupos insurgentes, por lo que “es necesario  que se cree un mecanismo para garantizarle la reubicación y la integración local  con carácter urgente”, apuntó María Cristina Bastos, representante de este órgano.

Por su parte, Gisela, madre de cinco hijos, atraviesa por una situación similar, es madre cabeza de hogar y no tiene con quien dejar a sus hijos para salir en busca del diario. 

“Estamos preocupados, angustiados y desesperados, no sabemos qué hacer, solo pedimos que nos dejen estar en un albergue mientras nos establecemos aquí en Cúcuta”, dijo por su parte Miguel Sierra.

La cruda verdad

En la sede de la Uariv en Cúcuta, mientras funcionarios de la entidad doblaban los esfuerzos para atender los requerimientos de los desplazados, en la oficina de la Mesa de Víctimas aclaraban dudas y se encargaban de reiterar la cruda verdad, “se acabó la estancia en hoteles y albergues para quienes recibieron la primera ayuda humanitaria y no hay vuelta atrás”, dijo una funcionaria.

Indicó que así se había decidido en el Puesto de Mando Unificado instalado por la Alcaldía de Cúcuta, en el que la administración municipal reiteró que solo las personas que están en proceso de valoración o que, aun estando incluidas, no han recibido aún ayuda humanitaria, alrededor de 177, serán trasladadas temporalmente a los albergues habilitados por el municipio: Terminal, Metrópolis y Trigal.

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