Los mineros y coquizadores de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca están en paro indefinido desde el pasado 4 de agosto. Las razones de esta decisión radican en las medidas políticas y las cargas tributarias impuestas por el Gobierno nacional.

De acuerdo con Angélica María León Higuera, gerente de la Asociación de Coquizadores de Norte de Santander, el principal motivo de la movilización en los dos departamentos es el impuesto del 1 % que se aplicó a las exportaciones de cada empresa.

Detalló que esta medida comenzó a regir este año, tras decretarse la Conmoción Interior. Explicó que, aunque en un principio se impuso por tres meses, fue prorrogada hasta el mes de diciembre.

Además, la gerente indicó que otro motivo que provocó esta manifestación es una deuda superior a los $20.000 millones que los carboneros de Cundinamarca y Boyacá tienen con algunas empresas hidroeléctricas.

Destacó también que en Boyacá se encuentra la Federación de Carboneros de Boyacá (Fedecarboy) que, aunque no participa del paro, está mediando entre las partes en busca de una solución.

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En Norte de Santander, León recalcó que, si bien no apoyan estas vías de hecho, tampoco permanecen indiferentes ante los retos que afronta el sector debido a decisiones políticas. 

Aseguró que en el departamento no se unirán al paro y declaró que la solución debe encontrarse mediante el diálogo constructivo, como única vía legítima para resolver las diferencias.

León afirmó que hacen un llamado respetuoso y urgente al Gobierno nacional para que se retomen las mesas de concertación con los líderes mineros, con el fin de llegar a acuerdos que permitan una solución pronta y definitiva. 

Asimismo, manifestó que su prioridad, al igual que la del sector, es continuar siendo un motor de desarrollo y dinamismo para la economía colombiana.

Competitividad

La Asociación informó que otro de los desafíos que enfrentan los mineros y coquizadores es el mal estado de las vías a nivel nacional, lo que les impide ser competitivos desde el punto de vista logístico.

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León señaló que los bloqueos en diferentes sectores, la prohibición de exportaciones a Israel y la forma en que se está implementando la transición energética son factores que dificultan sus labores.

A raíz de estas situaciones, consideró necesario entablar un diálogo con la institucionalidad, a fin de garantizar la libertad de trabajo y los derechos de los gremios.

La vocera explicó que de esta industria dependen más de 70.000 familias en el departamento, además de beneficiar una cadena productiva que incluye ferreterías, restaurantes y empresas de transporte.

León indicó que el departamento es uno de los principales exportadores de coque, y que en la región se produce más de un millón de toneladas al año, las cuales se venden a 21 países en cuatro continentes.

Agregó que la influencia del sector en la economía regional también se refleja en los aportes que realizan a las obras públicas, mediante el sistema de regalías, contribuyendo con un importante porcentaje de estos recursos en Norte de Santander.

En su momento, la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) se pronunció sobre el Decreto 0175 de 2025, reiterando que esto es parte de la estrategia del Ejecutivo para acabar con la competitividad de los carbones, porque afecta las exportaciones y el consumo interno.

El gremio alertó sobre las implicaciones de este nuevo impuesto dentro de la estructura económica nacional. Debido a que este mineral se usa en diferentes industrias, como la generación de energía, la elaboración de ladrillo, cemento y acero, entre otros, que se verán impactadas por este tipo de tributos.

En conclusión, este impuesto limita las posibilidades de mover, comercializar, industrializar y exportar los carbones térmicos y metalúrgicos de la pequeña minería de Norte de Santander y demás regiones del interior del país.

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