Este lunes 28 de julio será un día histórico cuando luego de siete años la justicia determine si Álvaro Uribe es culpable o inocente de manipular testigos. Podría ser condenado por los delitos de soborno y fraude procesal y aunque esa eventual sentencia no implicaría cárcel, sí tendría efectos reputacionales, mediáticos y electorales.

El proceso judicial contra el expresidente se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer dinero a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.

Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no existían motivos suficientes para culpar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor a través de otras personas, entre ellas el abogado Diego Cadena, quien en los próximos días también conocerá si es condenado o no por esos hechos.

Desde ese momento, el proceso pasó por todo tipo de situaciones: dos preclusiones fallidas que buscaron cerrar el caso; un cambio de jurisdicción de la Corte Suprema a la Fiscalía – cuando Uribe renunció al Senado- y múltiples recursos que casi llevan a su prescripción en octubre de este año. Lo que resta ahora es la decisión de la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Ortiz, quien tomará la decisión con base en los 38 testigos que presentó la Fiscalía y los 57 por parte de la defensa.

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¿Qué viene después de la decisión?

Si Uribe es condenado no irá a la cárcel. Lo anterior porque es investigado y fue acusado por tres delitos de soborno y dos de fraude procesal, lo que significa, según el exfiscal y abogado penalista, Daniel Eduardo Cardona, que así fuera sentenciado por todos ellos, las penas mínimas asignadas a esos delitos por la ley no superan los ocho años de prisión, que es el umbral legal para acceder a la prisión domiciliaria.

Para ser más claros, en Colombia todo delito tiene una pena mínima y una máxima, y uno de los requisitos clave para conceder el beneficio de condena domiciliaria es que la pena mínima prevista para el delito no exceda los ocho años. Por tanto, aun si se le impusiera la pena más alta posible, la ley permitiría que la cumpla en su residencia, y no en un centro carcelario. “Considerando que la acusación es por más de un delito y asumiendo que sea condenado por todos ellos, en aplicación de las reglas que regulan el concurso de conductas punibles y el proceso de dosificación, la pena podría oscilar entre 90 (siete años y cinco meses) y 180 meses (15 años).

Sin embargo, hay que aclarar también que aún si es condenado el monto de la pena no se conocerá este lunes. Este día, la juez solo comunicará si la decisión es condenatoria o absolutoria y en caso de declararlo culpable abrirá un espacio para que la Fiscalía, presuntas víctimas, Ministerio Público y defensa, se pronuncien sobre las condiciones personales y familiares del expresidente, la probable pena a imponer y las condiciones de ejecución de esa pena. Luego se fijará una nueva fecha donde se dicte sentencia.

El proceso, sin embargo, no termina ahí, tanto si es declarado culpable o inocente, como lo explica el exfiscal Cardona. “En caso de ser condenatoria, no implica que, de manera inmediata, el proceso haya culminado. El expresidente, junto con su equipo de defensa, tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación con el propósito de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revise la actuación y determine si la hipotética condena consulta la realidad probatoria del proceso o si, por el contrario, debe revocarse y absolverse. En igual sentido, podrían revisar el monto de la eventual condena. El mismo recurso puede ser presentado por la Fiscalía, las presuntas víctimas e, incluso, el Ministerio Público”.

Otro punto importante para mencionar es que esa decisión en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá se tendría que dar antes del mes octubre, ya que, de no ser así, el caso prescribiría. Pero más allá del desenlace jurídico inmediato, analistas coinciden en que este proceso podría tener un impacto aún más profundo en el escenario político. Es decir, en materia reputacional, mediática y electoral no solo en contra del expresidente sino de las listas del Centro Democrático y hasta de la derecha, para elecciones de Congreso que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026 y de manera indirecta a las de presidencia que se desarrollarán el 31 de mayo.

“Todo lo que comprende el proceso de Álvaro Uribe ha venido de alguna otra forma minando la confianza que tienen los electores en las personas que defienden o que son allegadas, o que han estado en las listas del Centro Democrático en el Congreso”, explica el analista político y docente Carlos Arias, por lo que una eventual condena le daría un respaldo judicial a denuncias que se han hecho contra el exmandatario desde hace años y podría impulsar otros procesos en su contra.

Hecho que podría ser aprovechado por sectores de la izquierda para renovar el discurso antiuribista, que, en parte llevó al presidente Petro a la presidencia.

Aunque una condena contra Uribe también le podría servir a la derecha, en la medida en que el fallo sería visto por algunos como una forma de persecución política contra el exmandatario. Argumento que se sustenta, como lo han hecho ver algunos dirigentes cercanos al expresidente, en el hecho de que el principal impulsor del juicio es uno de los políticos de mayor peso en la izquierda, el senador Iván Cepeda.

En caso de resultar absuelto pasaría todo lo contrario. Las denuncias que se han hecho por 7 años contra el exmandatario se quedarían sin respaldo judicial, lo que le daría al Centro Democrático y a los candidatos del uribismo argumentos para mostrar que todo lo que se ha dicho de Uribe no ha sido más que una burbuja mediática, mientras que la izquierda recurriría a una idea que ya el mismo Petro planteó, que la juez ha sido sometida a grandes presiones mediáticas.

“Seguramente lo van a utilizar para resarcir su narrativa de víctima y que los cambios deben nacer del pueblo porque incluso seguramente la traición no es solo de los políticos sino de la justicia. Eso apalancaría todo el tema de una constituyente o de renovar la política, pero también de llamar al electorado para que se una a su campaña en marzo”, explica Arias.

Sea cual sea la decisión, los ojos del mundo estarán puestos el lunes en un juzgado de Paloquemao.

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