La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un fuerte llamado de atención al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por no asistir en tres ocasiones a la audiencia de verificación de la verdad sobre los secuestros cometidos por las Farc, un tema clave dentro del proceso de justicia transicional.

El magistrado Camilo Suárez, de la Sección de Reconocimiento de Verdad, señaló que la reiterada inasistencia del funcionario obstaculiza el avance de los proyectos restaurativos destinados a la reparación de las víctimas, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

Suárez subrayó que la presencia del ministro es esencial para poder conocer las condiciones de seguridad en las zonas donde se llevarán a cabo los proyectos de reparación, como parte de la Sanción Propia de los ex integrantes de las Farc. “La no comparecencia del ministro no solo interfiere con el mandato de la JEP, sino que también transmite un mensaje de desinterés institucional frente a la verdad y la reparación”, afirmó el magistrado.

En paralelo, la JEP también solicitó al presidente, Gustavo Petro, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) la reactivación urgente del Grupo de Acción Contra Minas, el cual actualmente se encuentra desestructurado, sin recursos ni capacidad operativa.

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Esta instancia, clave para el proceso de desminado y la reparación de las víctimas, fue considerada como inoperante por el tribunal, lo que representa un grave obstáculo para garantizar la seguridad de las comunidades y avanzar en los compromisos de justicia transicional establecidos en el Acuerdo de Paz.

“Es indispensable que se recupere y fortalezca la estructura de este grupo, especialmente en la gestión de recursos dentro del Plan Nacional de Desarrollo”, explicó Suárez, quien también hizo un llamado al Gobierno para que se comprometa en la reconfiguración del grupo, a fin de asegurar su operatividad.

La crítica al ministro de Defensa se produjo durante la Audiencia Pública de Verificación del Caso 01, que se lleva a cabo entre el 31 de julio y el 1 de agosto en Bogotá. Esta audiencia es crucial para la verificación de los proyectos restaurativos que deberán cumplir los ex jefes de las Farc como parte de su Sanción Propia.

En esta diligencia, la JEP evalúa los compromisos de reparación de los comparecientes y la viabilidad de los proyectos restaurativos que se desarrollarán en las regiones afectadas por las víctimas de secuestros.

A la audiencia fueron citados siete comparecientes, todos ellos reconocidos responsables de la política sistemática de secuestros durante el conflicto armado, que dejaron más de 21.000 víctimas directas e indirectas. A lo largo de la diligencia, también se verifica si se cumplen las condiciones jurídicas y técnicas para emitir la sentencia y definir los proyectos que deben cumplir los comparecientes como parte de su sanción restaurativa.

Durante la audiencia, el magistrado Suárez destacó la participación de más de 80 víctimas acreditadas en el Caso 01, que tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre la verdad aportada por los comparecientes y sus propuestas de reparación.

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El proceso, que se considera un hito en el camino hacia la justicia transicional en Colombia, busca garantizar que los proyectos restaurativos sean viables y sostenibles, y que se implementen con el respaldo de las entidades del Estado.

El tribunal también convocó a más de 15 entidades del Estado, quienes presentarán sus compromisos institucionales para garantizar la implementación de los proyectos priorizados, entre ellos: memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, desminado y recuperación ambiental.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, destacó que la audiencia refleja el compromiso de la jurisdicción con la justicia restaurativa y la reparación integral. “Este momento decisivo llega gracias a la persistencia de quienes se negaron a olvidar y exigieron justicia para romper el ciclo de impunidad”, afirmó Ramelli, resaltando que la sentencia definitiva, que incluirá la asignación de los proyectos restaurativos, está cada vez más cerca de ser emitida.

La JEP concluyó que la justicia transicional no solo busca reconocer la verdad, sino también crear las condiciones para la paz duradera en Colombia, a través de un proceso que involucra a todos los actores responsables, el Estado y las víctimas.

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