Andrés Mauricio Peñate Giraldo, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 2005 y 2007, fue acusado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, en el marco de las investigaciones por las 'chuzadas' ilegales realizadas durante su mandato.
La Fiscalía General de la Nación ha señalado que Peñate, en connivencia con varios de sus subalternos, habría conformado una estructura criminal que operaba con el objetivo de obtener información reservada y confidencial sobre figuras políticas, judiciales y periodísticas del país.
Las actividades ilegales, que incluían interceptaciones telefónicas, seguimientos y infiltraciones sin autorización judicial, habrían sido desarrolladas con recursos institucionales proporcionados por el mismo DAS.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el DAS bajo la dirección de Peñate utilizó una red de inteligencia ilegal para espiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas opositores y periodistas críticos al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Estos seguimientos tenían como fin desestabilizar las figuras políticas opositoras y descalificar a aquellos que mantenían posturas críticas hacia el gobierno de turno. Además de las interceptaciones telefónicas, las autoridades han documentado otros métodos ilícitos de espionaje, como las vigilancias físicas y el uso indebido de equipos tecnológicos para la infiltración en la intimidad de los afectados, todo sin la debida autorización judicial.
Durante la primera sesión de la audiencia de formulación de acusación, celebrada el pasado 23 de julio, la Corte reconoció oficialmente como víctimas del caso al presidente, Gustavo Petro, al periodista Daniel Coronell, al partido Polo Democrático Alternativo, a varios ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a otras figuras políticas y sociales del país.
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En el caso de Petro, quien en ese entonces era líder de la oposición, se estableció que su persecución a través de espionaje ilegal no solo vulneró su privacidad, sino que también tuvo como objetivo desestabilizar su figura política, y fue parte de un esquema de "criminalización de la oposición".
El abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, explicó en su intervención que las acciones del DAS, encabezadas por Peñate, utilizaron "la fuerza del Estado" para perseguir a su cliente de manera ilegal, lo que constituye un grave perjuicio en el ejercicio de su derecho a la intimidad y la libertad política. "El hecho de que se hubiera utilizado el aparato del Estado para interceptarlo, para afectarlo en su intimidad y convertirlo en un enemigo interno, constituye un perjuicio", señaló Carranza.
Por su parte, el periodista Daniel Coronell, quien también fue objeto de seguimientos ilegales por parte del DAS durante este periodo, declaró que las prácticas ilegales no solo violaron sus derechos fundamentales, sino que también afectaron gravemente la libertad de prensa en Colombia. "El DAS no solo intervino mi intimidad, sino que buscó acallar las voces críticas y opositoras al poder", afirmó Coronell en declaraciones previas al proceso judicial.
Con la formulación de cargos, el proceso judicial contra Andrés Peñate avanza a su siguiente fase. La Corte Suprema de Justicia ha convocado a las partes para llevar a cabo la audiencia preparatoria, donde se presentarán más pruebas y se definirán los próximos pasos procesales. Este acto procesal será clave para determinar las responsabilidades penales de Peñate y otros implicados en el caso de espionaje ilegal. Las víctimas, encabezadas por el presidente Petro y el periodista Coronell, esperan que el caso llegue a juicio y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ilegales.
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