Durante una reunión sostenida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado Víctor Mosquera, representante del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, denunció una presunta “injerencia indebida” del Gobierno nacional en la investigación del atentado perpetrado contra el congresista.

Según Mosquera, el Ejecutivo —encabezado por el presidente Gustavo Petro— habría intervenido en el proceso investigativo “mediante la divulgación de información no corroborada” y la “señalización de presuntos responsables sin pruebas concluyentes”.

Esta situación, advirtió el jurista, ha comprometido la objetividad de la investigación y fomentado la estigmatización contra sectores de la oposición.

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“Desde el día uno de este horrible atentado, el Gobierno nacional no ha respetado la independencia de los fiscales”, señaló Mosquera, al acusar al Ejecutivo de realizar “investigaciones paralelas” e influir sobre el curso del caso, lo que, a su juicio, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.

Durante la sesión ante la CIDH, el abogado presentó tres informes documentales que, según explicó, evidencian “discursos de odio y campañas de estigmatización provenientes de altos funcionarios del Gobierno” dirigidas no solo contra Uribe Turbay, sino contra otros líderes políticos del partido Centro Democrático.

Mosquera también denunció que desde instancias del Gobierno se ha intentado desviar la investigación, al dirigir la atención pública hacia organizaciones criminales “sin bases procesales claras”, lo cual, según dijo, podría tener como objetivo “cerrar o direccionar” el caso de forma prematura.

“Necesitamos llegar hasta los determinadores y esto no puede desarrollarse solamente con señalamientos sin pruebas,” afirmó.

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