Un juez de conocimiento impuso una pena de 8 años y 3 meses de prisión contra Yessica Katherine Barrera, luego de que la procesada aceptara su responsabilidad en un ataque que dejó gravemente herido a un ciudadano en Bucaramanga. La decisión fue tomada tras la validación de un preacuerdo firmado entre la condenada y la Fiscalía General de la Nación, en el que reconoció haber protagonizado una agresión con arma cortopunzante.

Ataque ocurrió en una vía del barrio García Rovira de Bucaramanga

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, los hechos se registraron el pasado 17 de mayo, cuando la víctima, un hombre de 30 años, transitaba por una calle del barrio García Rovira. Según se estableció, Barrera lo interceptó y, tras pedirle una moneda, reaccionó de manera violenta al recibir una negativa.

En medio del altercado, la mujer habría utilizado un arma cortopunzante para herirlo, ocasionando lesiones que comprometieron seriamente su vida. Gracias a la atención médica inmediata que recibió el ciudadano, logró sobrevivir al ataque.

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Minutos después, uniformados de la Policía Nacional capturaron a la agresora en flagrancia, mientras permanecía en la zona donde ocurrió el hecho. La Fiscalía presentó las pruebas que sustentaban la responsabilidad de la mujer en el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, elementos que fueron determinantes para avanzar en el proceso judicial.

Juez ordenó el cumplimiento de la pena en centro carcelario

Una vez evaluado el material probatorio y ratificado el preacuerdo, el juez determinó que la sanción deberá cumplirse en un establecimiento de reclusión. Esta medida busca garantizar que la condenada responda por la gravedad de los hechos y que se respete el compromiso adquirido en el proceso judicial.

“La decisión judicial se adopta luego de que la ahora sentenciada suscribiera de manera libre, espontánea y con la asesoría de su abogado un preacuerdo en el que admite haber agredido con un arma cortopunzante al ciudadano”, señala el documento emitido por la autoridad judicial.

Con esta sentencia, las autoridades reiteran que los actos de violencia en espacios públicos serán perseguidos y sancionados, especialmente cuando ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos.

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