La Embajada de Estados Unidos garantizó formalmente al Gobierno colombiano que Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', no será sometido a la pena de muerte ni a cadena perpetua una vez se materialice su extradición para responder por tres cargos de narcotráfico ante una Corte del Distrito Este de Texas.

A través de la nota diplomática No. 0150, fechada el 30 de enero de 2026, la misión diplomática respondió a los requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las condiciones de entrega del nacional colombiano. El documento especificó que, aunque la pena máxima legal para los cargos es la reclusión vitalicia, "la sentencia de prisión perpetua no será solicitada ni impuesta si Marín Silva es extraditado a los Estados Unidos".

Frente a la posibilidad de la pena capital, la Embajada aclaró que, de conformidad con las leyes penales estadounidenses, "la pena de muerte no es una sanción autorizada para los delitos por los cuales se solicitó la extradición", motivo por el cual no podrá ser requerida en este caso.

El Gobierno de Estados Unidos también extendió las garantías a otros derechos fundamentales. El texto diplomático aseguró que Marín Silva no será sometido a "desaparición forzada, destierro, torturas, ni a tratos o penas crueles e inusuales, trato inhumano o degradante", ni a la confiscación ilegal de bienes, reafirmando su compromiso de respeto hacia el procesado.

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Estas garantías llegaron días después de que el Gobierno, a través del entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, confirmara la extradición mediante la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026. El funcionario desestimó el recurso de reposición de la defensa y sentenció que "difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión a propósito de su extradición".

La defensa de alias 'Pipe Tuluá' solicitó previamente una "entrega condicionada" para que el acusado pagara primero sus condenas en Colombia por extorsión, secuestro y homicidio agravado. Sin embargo, el Ejecutivo determinó que "no resultaba conveniente diferir la entrega" debido a la facultad discrecional del Estado y la necesidad de cooperar contra la criminalidad transnacional.

La resolución también resolvió la controversia sobre el estatus de Marín Silva en la política de paz. La Oficina del Consejero Comisionado para la Paz certificó que el procesado "no desempeña ningún rol en las Mesas de Diálogo de Paz" ni cuenta con reconocimiento formal como miembro representante del grupo 'La Inmaculada', por lo que los acercamientos exploratorios no constituyeron un impedimento legal para su envío.

Marín Silva deberá responder en suelo estadounidense por concierto para distribuir cocaína y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de droga. Respecto a sus procesos en Colombia, el Gobierno indicó que podrá comparecer ante los jueces nacionales mediante "medios virtuales", amparado en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

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