El inicio del nuevo año estuvo marcado por una seguidilla de hechos violentos que alteraron la tranquilidad de la comunidad del norte del Cauca. En cuestión de horas, dos ataques armados sacudieron a los habitantes de Santander de Quilichao y encendieron nuevamente las alarmas sobre la seguridad en una zona históricamente golpeada por el conflicto.

Los hechos ocurrieron en espacios cotidianos y de recogimiento, lo que generó conmoción entre los residentes y temor por la reiteración de este tipo de acciones. Las autoridades locales activaron los protocolos de seguridad mientras organismos de derechos humanos insistieron en que los riesgos para la población ya habían sido advertidos con anterioridad.

Dos ataques armados que estremecieron al municipio

El primer episodio se registró el 3 de enero de 2026, cuando hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial del municipio y dispararon en repetidas ocasiones contra su administradora, Irma Yulie Erazo Reina, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

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Horas después, cuando familiares y allegados se encontraban reunidos en el velorio de la víctima, un nuevo ataque se produjo contra los asistentes. En medio del pánico, dos personas que intentaron huir fueron perseguidas y asesinadas con arma de fuego. Se trataba de Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años.

Por la continuidad y conexión entre ambos hechos, organizaciones especializadas en el seguimiento del conflicto armado calificaron este episodio como la primera masacre registrada en Colombia durante 2026.

Alertas ignoradas y presencia armada en el norte del Cauca

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el riesgo que enfrentaba la población de Santander de Quilichao. A través de las alertas tempranas 013 y 036 de 2025, la entidad señaló la imposición de normas, el control social y las confrontaciones entre grupos armados ilegales, especialmente disidencias de las Farc, en disputa por el dominio territorial y las economías ilícitas.

En esta región hacen presencia los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas locales que buscan controlar corredores estratégicos del narcotráfico. La zona se encuentra bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional, que ya había sido notificada sobre el incremento de hechos violentos en el norte del departamento.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles de los ataques y dar con los responsables. Entre tanto, el hecho volvió a poner en evidencia la persistencia de la violencia armada en el Cauca, un departamento que en 2025 registró siete masacres con un saldo de 23 víctimas, y donde las comunidades siguen reclamando medidas efectivas de protección.

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