La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este viernes la condena a 93 meses de prisión contra Hecson Alexys Benito Castro, gobernador de Vichada, por el delito de peculado por apropiación.
El fallo se relaciona con su gestión como alcalde de Santa Rosalía en 2012, cuando suscribió un contrato para la adecuación de un puente sobre el caño Güichire que no fue ejecutado, pese a que se desembolsaron recursos públicos por un monto de $13.719.876,87. Además de confirmar la sentencia, la Corte ordenó su captura.
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En la misma decisión, el alto tribunal dispuso la detención de José Aureliano Rodríguez Catimay, ex secretario de Planeación de Santa Rosalía y supervisor del contrato, y de Wilfredo Castillo Tovar, contratista de la obra.
Benito Castro y Rodríguez Catimay fueron sentenciados a 93 meses de prisión como coautores del delito y recibieron una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
Adicionalmente, se les impuso una multa equivalente al valor del contrato. Por su parte, Castillo Tovar fue condenado a 48 meses de prisión, con igual inhabilitación y multa.
Ninguno de los tres condenados obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria ni la suspensión condicional de la pena. La Corte señaló que la obra contratada nunca fue ejecutada por Castillo Tovar y que Rodríguez Catimay certificó su cumplimiento sin contar con soportes de ejecución.
Benito Castro, a sabiendas de que el puente había sido construido por terceros y no por el contratista, aprobó la terminación del contrato y ordenó el pago de los recursos.
Según la Corte, Benito Castro suscribió el contrato con conocimiento de que la obra no sería ejecutada por el contratista. A pesar de ello, autorizó el desembolso de los fondos públicos.
En cuanto a Rodríguez Catimay, el tribunal concluyó que este sabía que el puente fue construido por particulares y que los materiales empleados no coincidían con los estipulados en el contrato. A pesar de estas irregularidades, certificó su cumplimiento.
Sobre la participación de Castillo Tovar, la Corte indicó que recibió el pago del contrato sin haber ejecutado la obra, no fue identificado por testigos en el sitio y no existieron evidencias documentales de su intervención.
Para la Corte Suprema, el detrimento patrimonial se configuró con la firma del contrato por parte del entonces alcalde Benito Castro, la certificación irregular de Rodríguez Catimay y la recepción del pago por parte de Castillo Tovar sin haber realizado la obra.
El fallo reiteró que todos actuaron con conocimiento de las irregularidades y en perjuicio de los recursos del municipio de Santa Rosalía.
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