Para mediados de 2023 se tiene previsto que terminen los contratos de los gobiernos con las grandes farmacéuticas del mundo que producen la vacuna contra la COVID-19, que actualmente no tiene costo para el usuario final.

Tras el final de estos acuerdos que se firmaron con la declaratoria de la pandemia en 2020, los laboratorios podrán comercializar libremente el medicamento.

En ese sentido, el fabricante Pfizer ha sido uno de los primeros en manifestarse al respecto y presupuestó que la vacuna podría tener un precio al público de entre 110 y 130 dólares por dosis (cerca de 500.000 pesos colombianos, cada una).

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De acuerdo a un análisis publicado por la Kaiser Family Foundation, divulgado por CNN, sin la financiación por parte de los gobiernos la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 “crearía barreras de acceso a las vacunas, las pruebas y las terapias, especialmente para las personas sin seguro o con un seguro insuficiente”.

Recientemente el Ministerio de Salud le solicitó a las EPS y entidades territoriales reforzar las estrategias de vacunación contra la COVID-19, especialmente haciendo búsqueda activa de grupos vulnerables, pese a que el número de casos y muertes haya disminuido.

El Gobierno también pidió insistir en la necesidad de las dosis de refuerzo para que la inmunidad, especialmente en mayores de 50 años, sea sostenida.

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