El Gobierno del presidente Gustavo Petro ya hizo público el decreto con el que se declara la conmoción interior por la crisis de seguridad que enfrenta el Catatumbo. La medida pretende resolver la crisis humanitaria y para ello se fijó un plazo de 90 días.
En el documento, de 19 páginas, el Gobierno reconoce que la subregión del Catatumbo es un escenario de disputa entre los actores armados del Eln, las disidencias de las Farc, residuos de Los Pelusos y que el Clan del Golfo también ha movido sus hombres para tratar de ingresar.
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“El Eln ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región”, reconoció el Gobierno en el decreto.
En el documento reconocen que los organismos de inteligencia detectaron que el Eln envió tropas desde Arauca para sumarse a la ofensiva que adelanta ese grupo ilegal desde el 15 de enero contra los disidentes del frente 33 de las Farc.
“Desde el 16 de enero de 2025, la grave perturbación del orden público en la región del Catatumbo se ha intensificado como consecuencia del despliegue militar, las hostilidades y las operaciones armadas del Eln en contra de la población civil y las instituciones, lo que ha generado una grave e imprevisible crisis humanitaria que compromete, entre otras, a poblaciones especialmente vulnerables”, añade el documento.
La última vez que se hizo uso de la figura de la conmoción interior fue hace 16 años durante el gobierno de Álvaro Uribe.
El presidente Petro volvió a usarla para atender la crisis que se tomó los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Así como el área metropolitana de Cúcuta.
La crisis humanitaria en el Cauca deja al menos 80 muertos (cinco de ellos eran firmantes del acuerdo de paz) y ya ocasionó el desplazamiento forzado de 40.000 personas hacia los cascos urbanos de los municipios de Norte de Santander, Santander y Cesar. Otros buscaron refugio del otro lado de la frontera con Venezuela.
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El Gobierno reconoció que la crisis humanitaria también ha afectado la prestación de servicios públicos como los de notariado, acceso a la justicia, la educación, los servicios sanitarios, de acueducto; así como la actividad industrial y comercial de la región.
¿Qué hará el Gobierno?
“Esta medida extraordinaria es indispensable para adoptar mecanismos y utilizar herramientas inmediatas que permitan conjurar la crisis y evitar su agravamiento”, añade el decreto.
El decreto afirma que los esfuerzos irán encaminados a restablecer los servicios públicos en Catatumbo, retomar el control territorial por parte de la fuerza pública y a impedir que ocurran más desplazamientos forzados en esa región.
“La insuficiencia de medios económicos disponibles para la inversión adicional requerida para hacer frente al estado de conmoción interior exige que el Gobierno nacional adopte las medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender la región del Catatumbo de manera efectiva, y faculte a las entidades territoriales para que en el marco de su autonomía puedan hacer lo pertinente”, añade el docuemento.
El Gobierno aseguró que con esta medida tendrá que recurrir a recursos fiscales extraordinarios y que para ello el Presupuesto General de la Nación sufrirá algunas modificaciones. Advirtió que la liberación de los recursos serán para financiar a la Fuerza Pública en sus labores de restablecimiento del orden público y, por otro lado, para inyectar recursos en proyectos y programas sociales para la población del Catatumbo.
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Los proyectos que pretende financiar el Gobierno en el Catatumbo son en los sectores de infraestructura, educación, salud.
Norte de Santander
El gobernador de Norte de Santander se pronunció este viernes anunciando que mediante el Decreto 000071 del 23 de enero de 2025, ha declarado la calamidad pública por un período de seis meses, con el objetivo de atender de manera prioritaria y coordinada el desplazamiento forzado de personas derivado de la difícil situación de orden público que afecta a la subregión del Catatumbo, producto de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Esta declaratoria permite activar un régimen normativo especial contemplado en la Ley 1523 de 2012, que facilitará la implementación de acciones inmediatas y efectivas para mitigar las afectaciones en las comunidades impactadas por esta crisis humanitaria.
"Desde la Gobernación, estamos movilizando todos los recursos y esfuerzos necesarios para garantizar la atención integral de las familias desplazadas. No descansaremos hasta devolverles la tranquilidad y seguridad que merecen”, comentó el gobernador, William Villamizar.
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