Frente a las denuncias hechas por la organización gremial Sintraser respecto al embargo que pesa sobre las cuentas del Instituto Departamental de Salud, Fernando Álvarez, director de esta dependencia, explicó que esta situación es consecuencia de deudas que no corresponden a la actual administración, sino que vienen de 2020. 

“Son embargos de evidente prestación de servicios, pero de los cuales no se tiene claridad, no en cuanto a cantidad, sino en cuanto al tipo de prestación de servicio que se otorgó”, dijo Álvarez.

En este sentido, el funcionario explicó que el problema está en la deuda que se acumuló por prestación del servicio a la población migrante, por la cual debe responder el Ministerio de Salud. 

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“Las IPS como primer recurso para tratar de asegurar su pago y no perder  esa prestación de los servicios y el gasto por la atención a la población migrante, pues terminan embargando al Ministerio, al Instituto y de pronto también al hospital correspondiente por el servicio”, dijo Álvarez. 

En este caso, el director del IDS dijo que el juez del caso actuó por desconocimiento, dado que lo que obedece a población migrante no debe ser facturado a nombre del Instituto. 

En el caso de la demanda puntual de Ucis Colombia, que embarga por 13 mil millones de pesos,  “hay que mirar qué obedece al instituto y qué corresponde al Ministerio”. 

Señaló que ya se han presentado recursos contra esos embargos, y en todo caso ya hay un equipo jurídico trabajando en la revisión del expediente, para comenzar a dilucidar lo que realmente adeuda el instituto. 

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