Colombia atraviesa una aguda crisis política y social. Escándalos, amagues de paro en distintos sectores gremiales y hechos particulares que se suman a las cifras de violencia, como la falta de empatía y de respeto por las opiniones contrarias, avivan aún más la hoguera de todo tipo de agresividad, particularmente en las redes sociales.
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La violencia digital pareciera no tener límite. En Colombia, es un problema creciente. Según el Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la prevalencia es alta. Por su parte, el Centro Cibernético Policial, estima que las redes sociales son el principal espacio donde ocurre la violencia digital, con un 68 % de los casos (2023). Los tipos de violencia van desde la sextorción, el ciberacoso, la injuria o calumnia y hasta las amenazas.
Pero este fenómeno no sólo afecta a cualquier cibernauta. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el acoso digital también intimida a los periodistas, lo que se traduce en censura y autocensura, siendo una forma de violencia. Este acoso muchas veces proviene del mismo Estado y las estrategias son el desprestigio, la confrontación y la estigmatización en la virtualidad, ya sea en Colombia o cualquier parte del mundo.
Sólo en 2024, la FLIP determinó que se perpetraron 186 ataques a periodistas, un problema grave, pues ellos juegan un papel fundamental en la libertad de expresión y el derecho a la comunidad a estar informada. “La violencia digital silencia las voces críticas y amplifica discursos agresivos y estigmatizantes…”.
Desde acusaciones que rayan con la calumnia y la injuria, noticias incriminatorias, “fake news” y todo tipo de artimañas, reflejan la falta de respeto y de empatía, muchas veces producto de la polarización de la ciudadanía.
Preocupa que los ciudadanos no sean cautelosos con lo que escriben, dicen y hacen tanto en el mundo virtual como en el real. No obstante, el exfiscal general de la Nación y columnista Francisco Barbosa, señala que en el campo social, y de lo político, la polarización es normal y necesaria para construir un mejor escenario en el país.
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“La polarización es la regla esencial de la política. En ese sentido, pugnacidad, querella, crispación, choque y cisma son parte fundamental de la construcción del poder y del origen de los regímenes políticos. Desde la antigüedad las luchas por el poder y la construcción de polos opuestos son esenciales para justificar nuevas ideas”, expresa el exfiscal.
Un llamado a la acción
No obstante, lo que no se debe normalizar de la polarización son las conductas de corte radicalista que suelen ser peligrosas para quienes las emiten, incluso, para el ciudadano en común que se siente alterado e impulsado en defender su posición o razón a cualquier costo.
Según el profesor de la Universidad Simón Bolívar y director de la Maestría en Derecho Penal,
Fabián Enrique Cubillos Álvarez, como abogado penalista, “es importante hacer un llamado de conciencia a la ciudadanía en general, que, por supuesto está en todo el derecho de expresarse y de manifestarse, pero también es muy cierto que debe hacerlo con responsabilidad”.
El ciudadano del común debe ser prevenido al recibir o compartir mensajes que invitan al radicalismo. Estos suelen ocultarse en noticias falsas, denuncias que inviten a marchas, protestas y movilizaciones violentas o mensajes que inciten al odio y a la agresión.
Para el profesor Cubillos, lo importante para tener en cuenta, es lo peligroso de cruzar la delgada línea entre el debate y los apasionamientos que provoquen el cometer delitos. El ejemplo más claro y reciente fue el de Daneidy Barrera, también conocida como EPA Colombia, quien purga una pena de prisión en centro de reclusión por causa de dañar una estación en Transmilenio, momentos en que se sumó al llamado “Estallido Social”, un año antes de las elecciones del 2022, contra las reformas del expresidente Iván Duque.
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Como muchos saben, la EPA, en sala de la Corte Suprema de Justicia, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por daño en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas, este último punible por divulgar este contenido en sus redes sociales, siendo para la época una figura pública, al ser “influencer”.
De acuerdo con Daneidy, todo lo hizo por la invitación de unos amigos quienes le vendieron la falsa idea de que éste era su derecho a protestar. Por ello, lo que preocupa es que más incautos, por voluntad o forzados por intereses personales se movilicen y defiendan sus colores partidistas realizando actos que, en el peor de los casos, constituyen delitos a la luz del Código Penal Colombiano (Ley 599 del 2000).
La invitación es a construir un debate sano, sin violencias y sin mentiras, bajo el respeto y siempre atendiendo la normatividad que le permite a los ciudadanos ejercer sus derechos humanos y civiles, como el derecho a la libertad de expresión, a la protesta, y a hacer parte de movimientos o colectividades, siempre y cuando sus derechos no se sobrepongan a los de los demás.