Un manto de incertidumbre se tiende sobre los proyectos de acuerdo municipal 018 y 022 de la Alcaldía de Villa del Rosario, relacionados con la solicitud de autorización de 25.000 millones de pesos para la ejecución de una serie de obras de mejora a las vías de Boconó Anillo Vial sector Rumichaca - Villa Silvania y Boconó - Campo Verde, toda vez que la aprobación de los mismos se habría dado en medio de un supuesto proceso irregular.
Así lo denunció Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano del municipio rosariense, quien indicó que en el momento en que se radicó el proyecto y se procedió a su aprobación en el seno del Concejo, estaba en curso ante la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander una recusación introducida por él mismo, contra el alcalde Camilo Suárez y varios integrantes del Concejo, frente a la duda sobre las motivaciones de la obra planteada.
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Flórez señaló que aunque dicha recusación fue rechazada por parte del órgano del Ministerio Público, los problemas por malas prácticas administrativas persisten, toda vez que los proyectos se aprobaron en el periodo de tiempo en el que se estudiaba la demanda, lo cual se constituye como una falta al artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Precisó que los tiempos corresponden al 20 de noviembre, día en que radicó la recusación; y el 24 de diciembre, cuando la Procuraduría comunicó que dejaba sin efecto la demanda. Flórez aseguró que más allá de que el recurso no procedió, en ese tiempo debió suspenderse el acto administrativo en torno a estos proyectos.
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En consecuencia, “la aprobación en primer debate en comisión, en segundo debate en plenaria es totalmente ilegal, así como la sanción del mismísimo alcalde el 3 de diciembre, pues incurren en conductas disciplinarias y penales”, aseguró el veedor ciudadano.
Lo que sigue
Miguel Ángel Flórez señaló que ahora lo que sigue es pedir ante el Tribunal de los Contencioso la nulidad del acto administrativo por medio del cual se aprobaron dichos proyectos, así como pedir la revocatoria de los mismos ante el Concejo Municipal, un acción que es consciente de que probablemente no proceda.
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Igualmente, dijo que interpondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía y la propia Procuraduría Provincial. Advirtió que las mismas van con dolo “porque se les avisó con tiempo de que iban a cometer una ilegalidad y aún así lo hicieron”, sostuvo Flórez.
El concejal Elkin Guzmán, uno de los recusados, le dijo a La Opinión que efectivamente existe la posibilidad de que el proyecto se vea afectado, “pero eso es competencia de la Procuraduría o si la veeduría inicia un proceso de nulidad”, indicó.
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