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Gobierno debe responder por suspensión de estaciones de combustible en el Catatumbo
El ente de control exigió al Ministerio de Minas y Energía explicaciones claras sobre las acciones adoptadas para garantizar que los combustibles lleguen únicamente a los destinos legítimos.
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Colprensa
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Miércoles, 26 de Febrero de 2025

La Procuraduría solicitó este miércoles al Gobierno nacional información detallada sobre las medidas implementadas para controlar el suministro de combustibles en la región del Catatumbo y otros municipios, tras la suspensión temporal del acceso a nuevos despachos de hidrocarburos en 48 estaciones de servicio.


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Esta acción fue tomada luego de que el Ministerio de Defensa detectara inconsistencias en la georreferenciación de las estaciones, lo que llevó a la suspensión del código Sicom (Sistema de Información de Combustibles Líquidos) a estas estaciones.

El ente de control exigió al Ministerio de Minas y Energía explicaciones claras sobre las acciones adoptadas para garantizar que los combustibles lleguen únicamente a los destinos legítimos y no sean desviados hacia grupos criminales o actividades ilícitas.

La Procuraduría destacó la importancia de evitar que los hidrocarburos sean aprovechados por actores ilegales, un problema recurrente en zonas como el Catatumbo, conocida por su vinculación con grupos armados y actividades delictivas.

Asimismo, la Procuraduría ordenó la entrega de informes bimensuales en los cuales se detallen las estaciones de servicio que, una vez corregida su ubicación geográfica y acreditado su cumplimiento con los requerimientos establecidos, podrán reanudar el acceso a los despachos de combustibles.


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Estos informes deberán incluir un seguimiento exhaustivo de las acciones de control realizadas, a fin de garantizar que los procedimientos sean transparentes y efectivos.

Este seguimiento por parte del ente de control busca prevenir que el desvío de combustibles en la región continúe alimentando a grupos criminales, quienes históricamente han utilizado el combustible de manera ilícita para financiar sus actividades ilegales.

La Procuraduría señaló que este tipo de medidas se enmarcan dentro de un esfuerzo por asegurar la legalidad en el suministro de combustibles y prevenir su uso en contextos de violencia y criminalidad.


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