En julio pasado se generó un revuelo en Los Patios por la presunta actualización de los estratos por parte de la administración municipal, liderada por el alcalde Alexi Valencia, que inevitablemente impactaría el bolsillo de los patienses en el pago de los servicios públicos de agua, luz, aseo, alcantarillado y gas. 

A través de las redes sociales, algunos habitantes comenzaron a denunciar que estaban siendo notificados por parte de las empresas de servicios públicos sobre eventuales incrementos en las tarifas   que vendrían en sus facturas a partir de agosto, por cuenta de esta modificación. 

A pesar de las molestias causadas en algunos sectores de la comunidad, desde la administración municipal aseguraron en principio que no se trataba de una actualización de estratos y, segundo, actuar conforme a la norma. 

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Frente a esto los usuarios afectados se han manifestado de diferentes maneras: por redes sociales, medios de comunicación y, lo último, en una protesta a las afueras de la Alcaldía de Los Patios tras la cual se acordó, en reunión con el alcalde y parte de su gabinete, la conformación de una comisión de veeduría, integrada por miembros de la comunidad, para recopilar y tramitar las quejas para su respectiva revisión. 

Al ambiente, ya de por sí caldeado por cuenta de esta medida, se sumó la declaración del senador Jairo Castellanos, quien en sus redes sociales denunció que la decisión  de aumentar la estratificación en Los Patios se hizo con el ánimo de recaudar más, sin tomar en cuenta la situación económica de la frontera.
 
“Esto golpea a los más necesitados con mayores costos de servicios públicos. No podemos permitir que actúen a su antojo”, afirmaba Castellanos al exigirle al DANE y al IGAC –Instituto Geográfico Agustín Codazzi- que impidieran esta clase de medidas injustas. 

Pero más allá de las molestias y las inconformidades ¿Cuál es la realidad detrás de esta supuesta actualización de la estratificación? 

El origen 

La movida de estratos en Los Patios se remonta a mediados de diciembre de 2023, en la pasada administración del exalcalde José Miguel Bonilla, compartió la base de datos de más de 35.000 usuarios, con las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos, a objeto de que estas hicieran cruce de información y verificaran que se correspondiera la información catastral entregada con la que ellos poseían. 

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La importancia de este proceso tiene que ver con la asignación de subsidios  a los estratos más vulnerables, y la contribución extra por parte de los estratos más privilegiados, de ahí la necesidad de una actualización permanente en esas instancias.

Además, los municipios están obligados a cumplir este mandato, tal como lo contempla la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, que en su artículo 5, numeral 3, fija como parte de la competencia de los gobiernos locales “disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto”; mientras que el número 4, “los faculta para estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional”.

Caso Cens-Grupo EPM

La Opinión conversó con Jimmy Ortiz, representante de Cens – Grupo EPM en el Comité Permanente de Estratificación, un órgano consultivo y de veeduría, que asesora al alcalde en temas de estratos, precisamente. 

“Las empresas tenemos la responsabilidad de cruzar esas bases de datos y si hay diferencias, es deber actualizarla”, dice Ortiz.

Además señala que esa exigencia corresponde a una resolución que envió la Superintendencia de Servicios Públicos, en 2019. ¿Por qué? Porque el que gira los subsidios a nivel nacional es el Ministerio de Energía y debe haber claridad sobre los usuarios que recibirán el beneficio. 

El representante de Cens-EPM explica que si la empresa no hace la actualización de esa información catastral en su base de datos, puede incurrir en una eventual sanción por parte de los organismos de control. 

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“Por eso es importante aclarar que no se trata de una actualización de estratos, sino un cruce de información de las bases de datos del municipio con las empresas de servicios públicos”, reitera.  

En todo caso comprende el impacto generado. Y es que en el caso del servicio de electricidad, un usuario estrato I recibe un subsidio de un 60%, en estrato II un 50%, estrato III corresponde un 15%, el IV no recibe ningún beneficio y a partir del V el usuario comienza a hacer una contribución de un 20%.

Ortiz señala que en ese cruce de información con la base de datos de Cens, detectaron que hay 6.099 usuarios con información que no se corresponde, de ese grupo 4.100 tiende a subir de estrato, mientras que un poco más de 1.000 bajaría. 
Esa información es la que está revisando desde  marzo con la actual administración, y de ahí resultaron las primeras 950 cartas que se enviaron a usuarios, notificando el cambio de estrato. 

Pero esas cartas no son definitivas. El representante de Centrales Eléctricas de Norte de Santander explica que a las personas se les brindan alternativas para presentar sus reclamos, ya sea ante la Dirección de Planeación, en caso de que la información catastral sí se corresponda pero el usuario no esté de acuerdo; o ante Cens, en caso que no se corresponda, “ahí la empresa entra a hacer la corrección”, dice Ortiz. 

Indica que de esos primeros 950 usuarios, solo nueve hicieron reclamo en Cens, y revela que en agosto emitirán notificación a otros 1.400 usuarios. 

Los ajustes a los servicios de agua y aseo también son inminentes, y su verificación interesa directamente al municipio, que es el ente que financia los subsidios. 

Para tener en cuenta

En Los Patios no se hace una estratificación desde 1996. Lo que se hace de manera permanente es una actualización de estratos y esto ha pedido expreso ya sea del usuario, la Secretaria de Hacienda o las empresas de servicios públicos. 

Las metodologías para hacer y actualizar permanentemente la estratificación, las establece el DANE y las aplica la Secretaria de Planeación Municipal. 

Al no aplicar la estratificación oficial, por parte de las empresas de servicios públicos, se corre el riesgo de asignar subsidios a predios residenciales que no les corresponde, es decir, se hace un uso indebido de recursos públicos. 

En consecuencia, la Contraloría General de la República, que es la entidad que vigila el correcto uso de los recursos públicos provenientes del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, en el caso de Los Patios, puede aplicar sanciones.

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