En los últimos días, el municipio de Villa Caro, en Norte de Santander, enfrenta una preocupante situación que ha conmocionado a sus habitantes: al menos 20 perros han sido encontrados muertos en las calles, presuntamente envenenados.
Ante este grave panorama, este medio consultó a la Alcaldía de Villa Caro para conocer las medidas que se están tomando frente a estos hechos. El alcalde Jesús Amado Sepúlveda expresó su rechazo total a estos actos de crueldad, que calificó como perpetrados por "personas sin escrúpulos", y manifestó su preocupación por la integridad de los animales del municipio.
"Desde la Alcaldía Municipal de Villa Caro, junto con las oficinas de salud pública, la inspección de policía y la Policía Nacional, alzamos la voz en nombre de quienes no pueden defenderse. Rechazamos contundentemente cualquier forma de maltrato, abandono o violencia contra los animales. Ellos sienten, aman y confían. Es nuestro deber como sociedad protegerlos y brindarles un entorno digno y seguro", expresó la administración municipal en un comunicado dirigido a la opinión pública.
El mandatario también recordó que durante el último año se han adelantado campañas de sensibilización contra el maltrato animal, así como jornadas de esterilización. No obstante, dada la gravedad de la situación, se intensificarán estas acciones para prevenir más casos de envenenamiento y proteger a los seres sintientes.
Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estos hechos, con el fin de identificar a los responsables y aplicarles el peso de la ley, en el marco de la recientemente sancionada legislación animal, conocida como las leyes Ángel y Lorenzo.
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Esto dice las leyes Ángel y Lorenzo
En abril de 2025, el gobierno colombiano sancionó dos leyes emblemáticas en materia de protección animal: la Ley Ángel y la Ley Lorenzo.
La primera, inspirada en el caso de un perro que fue brutalmente agredido, fortalece el marco legal contra el maltrato animal. Establece penas de prisión entre 32 y 56 meses para quienes causen la muerte de un animal, y hasta 70 meses si existen agravantes. Las lesiones graves también son penalizadas con cárcel, y se contemplan multas que oscilan entre 15 y 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la ley prohíbe que los condenados tengan o cuiden animales por un periodo de 5 a 7 años, e incluye la creación de una Ruta de Atención para casos de maltrato.
Por su parte, la Ley Lorenzo busca garantizar el bienestar de los perros utilizados en labores de vigilancia privada, tras casos conocidos de abuso. Esta norma exige condiciones dignas durante la vida laboral de estos animales, regula su uso en el sector privado y promueve su retiro responsable una vez terminadas sus funciones. También obliga a las empresas a garantizar el cuidado físico y emocional de estos perros, tanto en servicio como al finalizar su ciclo laboral, asegurando que reciban atención adecuada hasta el final de sus vidas.
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