La Navidad fue sinónimo de terror para centenares de familias campesinas del Catatumbo. Lejos de celebraciones, la noche del 25 de diciembre estuvo marcada por el estruendo de ráfagas de fusil y ametralladora producto de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc, una confrontación que completa casi un año y que ha dejado una grave estela de muertos, desplazados y comunidades confinadas.
Los hechos más recientes se registraron en amplias zonas rurales del municipio de Tibú, especialmente en las veredas ubicadas en los kilómetros 14, 16 y 25 de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra. Allí, según relataron líderes comunitarios, la población civil quedó atrapada en medio del fuego cruzado, obligada a huir en la madrugada para salvar sus vidas.
“Madres con bebés en brazos, niños llorando, adultos mayores apoyados de sus hijos, todos buscando un lugar seguro en medio de la oscuridad”, relataron habitantes consultados vía telefónica. Muchas familias se refugiaron en la escuela de la vereda del kilómetro 16, mientras otras lograron desplazarse hasta la sede de la Alcaldía de Tibú, donde permanecen confinadas.
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Desplazamiento masivo y colapso institucional en Tibú
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos se intensificaron hacia las 3:00 de la madrugada del 25 de diciembre en la vereda Palmeras, sobre la vía a La Gabarra, lo que provocó el desplazamiento forzado de decenas de familias. El censo preliminar realizado por la administración municipal da cuenta de 60 núcleos familiares, equivalentes a 187 personas, entre ellas 69 menores de edad, incluidos bebés recién nacidos.
El alcalde de Tibú, Richar Claro, confirmó la gravedad de la situación y reconoció que la capacidad institucional del municipio está desbordada.
“Ya no contamos con los recursos necesarios para atender esta nueva emergencia humanitaria. Hemos activado los protocolos y solicitado apoyo urgente al departamento, a la Unidad para las Víctimas y al Gobierno nacional”, afirmó. El mandatario advirtió que el número de desplazados podría aumentar en las próximas horas, debido a que persisten los combates en la zona rural y no existen condiciones de seguridad para el retorno.
Advertencias ignoradas y crisis anunciada
Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), señaló que lo ocurrido responde a una crisis anunciada desde hace meses. Recordó que organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo advirtieron, mediante la Alerta Temprana 017 de octubre, que la situación humanitaria se agravaría a finales de 2025 y comienzos de 2026.
“Es el mismo libreto del año pasado. El Estado no ha tomado las medidas necesarias para proteger a la población civil, y hoy vemos cómo vuelve a incrementarse el número de desplazados en zonas como Tres Bocas y las veredas de los kilómetros 14, 16 y 25”, afirmó.
La Defensoría del Pueblo exigió a los actores armados ilegales cesar de inmediato las hostilidades, respetar el Derecho Internacional Humanitario y permitir el ingreso de misiones médicas y ayuda humanitaria para evacuar heridos y atender a la población afectada.
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Madres del Catatumbo denuncian confinamiento en escuelas
La organización Madres del Catatumbo por la Paz denunció que comunidades enteras permanecen confinadas dentro de la escuela del kilómetro 16, en medio de los enfrentamientos armados. Señalaron que mujeres, niños y población civil continúan expuestos al riesgo, en un escenario que calificaron de “grave, alarmante e inaceptable”.
“El miedo volvió a nuestras comunidades. No es justo que los niños del Catatumbo sigan creciendo entre las balas, confinados y con sus derechos vulnerados”, expresaron en un pronunciamiento público, en el que exigieron respeto por las escuelas como espacios protegidos y una respuesta inmediata del Gobierno nacional.
Cúcuta también siente el impacto
La crisis humanitaria ya se refleja con fuerza en Cúcuta. El alcalde Jorge Acevedo y la Personería de Cúcuta informaron que, desde el pasado 14 de diciembre, han llegado a la ciudad 150 personas desplazadas, entre hombres, mujeres, niños y adultos mayores, procedentes de las veredas La Angalia, Mineiro y Versalles, así como del corregimiento de Pachelly, en zona rural de Tibú.
El 22 de diciembre se atendió un primer grupo de 11 familias en las instalaciones de la Alcaldía, con el acompañamiento de la Procuraduría Provincial, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Posconflicto y organizaciones humanitarias como Blumont y el Consejo Noruego para Refugiados.
“Estas personas se han reubicado en casas de familiares y conocido, por lo que no ha sido necesario, por ahora, habilitar albergues”, dijo el mandatario municipal.
El Consejo Noruego alertó por su parte que otras 6.000 personas del Catatumbo estarían en riesgo de desplazamiento y confinamiento en las cabeceras municipales de Ocaña, Tibú y Cúcuta.
Ocaña, en alerta por posible llegada de más desplazados
Autoridades y organizaciones humanitarias advirtieron que, de mantenerse los enfrentamientos, parte de la población desplazada podría dirigirse también hacia Ocaña, como ha ocurrido en episodios anteriores del conflicto armado en el Catatumbo, lo que incrementaría la presión sobre los sistemas locales de atención humanitaria.
Gobierno se pronuncia
Ante el silencio que hasta ayer había reinado sobre el recrudecimiento de los combates y el desplazamiento forzado en el Catatumbo, ayer el comando de la Segunda División del Ejército adelantó un consejo de seguridad para analizar la situación y adoptar medidas que conlleven a garantizar la vida y bienes de las familias campesinas de esta región.
El general Rodolfo Morales, comandante de esta división, indicó que los combates registrados en zona rural del Tibú y que originaron desplazamiento de las familias que arribaron a la alcaldía de Tibú y a Cúcuta no se han vuelto a presentar. “Han habido confrontaciones pero los hemos venido minimizando con nuestra presencia. Tenemos tropas en la zona para garantizar la seguridad de la población civil”, dijo.
Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la crisis desatada por los enfrentamientos entre las disidencias de las extintas Farc y la guerrilla del Eln, en hechos que dejan hasta ahora más de 300 víctimas de desplazamiento. “Se requieren “medidas reales y efectivas” para prevenir esta situación”, dijo al tiempo que hizo un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario “inmediato” y atención integral a las familias afectadas.
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