Entre las múltiples razones que han obligado a miles de personas a desplazarse de manera forzada desde el Catatumbo hacia Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander en medio del conflicto armado, destaca la de poner a salvo la vida de sus hijos y apartados del riesgo no solo de muerte, sino del temido reclutamiento infantil por parte de los grupos armados al margen de la ley.
Testimonios desgarradores de cientos de familias que han preferido dejarlo todo y empezar de cero en cualquier lugar, tras saber que sus hijos estaban comenzando a ser seducidos por la guerrilla, dan cuenta de esta cruel realidad.
Eddy Contreras Moreno, psicorientadora del Colegio Temporal para la Paz, el espacio habilitado por la gobernación de Norte de Santander para brindar el servicio educativo a los niños refugiados en Cúcuta, dijo recientemente a La Opinión que las emociones más comunes en estos niños son la depresión, la ansiedad y la tristeza, provocadas por el desarraigo, pero también por la pérdida violenta de familiares.
Y aunque este es el caso de algunos cientos de niños que llegan a la institución, es una situación que fácilmente se replica en los miles de infantes y adolescentes esparcidos en medio del desplazamiento, que entre adultos y niños ya suman más de 50.000, así como en los otros miles que siguen confinados con sus familias en los municipios catatumberos.
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En este contexto, una de las principales preocupaciones de las instituciones tanto nacionales como internacionales, encargadas de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el efecto que pueda tener esta violencia exacerbada en la salud mental de los menores.
Conscientes de ese drama, Save The Children, una de esas corporaciones internacionales que se han sumado a la atención de la emergencia humanitaria, ha enfocando sus esfuerzos en la atención integral a los niños, niñas y adolescentes, con énfasis en la atención psicoemocional.
María Mercedes Liévano, directora para Colombia de esta corporación, destacó que entre las labores que vienen desempeñando en terreno está justamente el de “brindar los primeros auxilios psicológicos a las familias afectadas por este flagelo”, toda vez que la mayoría, tanto los adultos como los niños, se muestran “muertos de miedo para hablar”, dijo.
Liévano destacó los esfuerzos que viene haciendo el Estado para proteger los derechos de los niños, aunque señaló que el esfuerzo debe ser conjunto y masivo, involucrando a los diferentes sectores de la sociedad.
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Indicó que se debe propender por un entorno protector y seguro para la niñez, donde se les garantice derechos como la educación, salud, recreación, afecto “porque a los niños tenemos que garantizarles todos sus derechos, incluso en un contexto de emergencia”, dijo.
Preocupación por el reclutamiento forzado
Luego de visitar Ocaña y Cúcuta, los dos principales centros de acogida de víctimas del desplazamiento forzado, Liévano comprobó que el temor más grande de la población afectada es el reclutamiento de los menores.
Recordó que de acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 409 casos de reclutamiento infantil, 122 por ciento más que en 2023, y con base a estos números, organizaciones internacionales ubican a Colombia entre los cinco países del mundo donde ha incrementado este delito.