La instrumentalización de menores de edad es un problema que existe en Colombia desde hace décadas y que se agrava cada vez más por la falta de oportunidades y garantías para los niños, niñas y adolescentes. 

Durante el año pasado, se reportaron 297 casos de menores reclutados, utilizados en acciones delictivas como hurtos, homicidios y el expendio de sustancias ilícitas, de los cuales seis ocurrieron en Norte de Santander.

En Cúcuta, en lo corrido del año, 121 menores han sido capturados por delitos como robo, hurto, tráfico y fabricación de estupefacientes, lesiones personales, entre otros, según datos de la Policía Metropolitana. 

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Cabe aclarar que estas cifras no contemplan el subregistro correspondiente a hechos que no son denunciados.

Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, estos datos son inexactos y no bastan para abordar la gravedad del problema, pues ante la ausencia de un sistema de información no se garantiza la confidencialidad de las víctimas y sus familias. 

Como aconteció en Cúcuta recientemente en la ciudadela Juan Atalaya, un hecho en el que dos menores de edad asesinaron a Kevin Carvajal Joya, de apenas 16 años. 

El asesinato se dio presuntamente por una disputa territorial entre bandas criminales en el sector, de las cuales los tres menores hacían parte. 

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De igual manera, en Colombia se ha desatado una fuerte polémica tras el atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay, precandidato del partido Centro Democrático, en el que el principal autor material fue un menor de 14 años.

Este acontecimiento generó un debate nacional al cuestionar de qué manera se permite que menores de edad sean utilizados como instrumentos de guerra y cómo la sociedad ha fallado al momento de proteger estas infancias.

Para Wilson López, psicólogo social y docente de la Universidad Javeriana, este es un panorama desolador pues no corresponde a una sola variable sino que es el resultado de múltiples factores sociales, económicos, políticos y culturales.

“El uso de menores en bandas criminales no es un fenómeno nuevo en Colombia; desde los años 80 y 90, mafias como las de Medellín y Cali reclutaban niños como sicarios. Hoy, esa realidad persiste, especialmente en zonas como Norte de Santander, donde el conflicto armado continúa y el reclutamiento forzado se intensifica”, indicó López. 

Indica que el Estado no tiene presencia efectiva y hay pobreza, al igual que la falta de educación, violencia intrafamiliar y ausencia de oportunidades, los menores se convierten en blanco fácil para estas organizaciones.

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“Ser tan jóvenes hace que sean más fáciles de manipular y de entrenar para seguir órdenes, al no tener un proyecto de vida a tan corta edad, no saben realmente qué decisiones tomar. Muchos menores son inducidos al consumo de drogas para facilitar su manipulación.” indicó López. 

López expone que muchos menores, especialmente en departamentos como Santander, Norte de Santander y Antioquia, crecen en una cultura que normaliza la violencia. 

En ese contexto, numerosos jóvenes encuentran en los grupos delincuenciales una forma de protección, poder e identidad, supliendo así lo que no hallaron en sus hogares.

Está sensación de poder termina dificultando el proceso de reinserción a la sociedad, ya que no se abordan las causas estructurales, ni se ofrecen alternativas reales para que los menores puedan tomar decisiones para su futuro. 

“Cuando salen de estas organizaciones, es muy difícil reinsertarse porque han construido su sentido de vida dentro del grupo armado”, dijo. 

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El psicólogo social explica que la solución radica en una inversión real a nivel social, económico, político y cultural ‘quitarle a la criminalidad a los niños y entregarlos a la educación, el arte y el deporte’. 

“Se requiere una inversión sostenida y multisectorial que abarque educación, salud mental, empleo y cultura, con un enfoque territorial que reconozca la historia violenta del departamento y proponga alternativas reales y dignas para sus jóvenes” puntualizó. 

Otro punto importante que explica este fenómeno, tiene que ver con que las sanciones a delitos cometidos por menores de edad son menos severas y en palabras de López “es conveniente para las bandas, pues aunque van a centros de detención, estos sólo perpetúan el ciclo de violencia. 

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Este panorama fue expuesto por la representante a la Cámara a Blu Radio, Gloria Correa, quien indicó que ha insistido en revisar la legislación que impone penas a los delitos cometidos por menores de edad, su principal interés está en reducir la edad mínima de las medidas correctivas. 

Correa expone que estas solo se enfocan en estrategias educativas de reinserción social y protección, las cuales no funcionan y fallan en su intención de corregir los comportamientos delictivos, y no en medidas carcelarias. 

“El mensaje debe ser claro: usted ya no va a recibir 8 años, va a enfrentar el Código Penal” dijo Correa, pues considera que este tiempo es mínimo para menores que están cometiendo asesinatos y que es esta la única medida disuasoria. 

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Explicó que estas penas deben replantearse, ser más severas y menos permisivas; además, aseguró que la comunidad en general ve con buenos ojos esta propuesta, pues coinciden en que muchos no cumplen condenas completas y que el sistema actual ha perdido su función protectora. 

Finalmente, denuncia que según las estadísticas oficiales entre enero y abril de 2025 se registraron 1.926 casos de menores entre 14 y 18 años en el sistema penal juvenil, una cifra preocupante que no incluye a los menores que no han sido vinculados a ningún proceso judicial. 

Por otra parte, Carlos Muñoz, líder social y activista por los derechos humanos, indica que este problema en la ciudad requiere que a los niños se les ofrezca una oferta de formación a múltiples niveles que los haga alejarse de la calle y de las economías ilegales.

“Las organizaciones comunitarias pueden convertirse en una familia social ante la ausencia o fragilidad de la familia consanguínea. En contextos de marginalidad, trabajo sexual o para población LGBTIQ+, han ofrecido protección significativa a menores y personas involucradas en actividades ilegales”.

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En este sentido, menciona la importancia de fortalecer la oferta institucional en materia educativa, cultural y social, para llegar a las poblaciones más vulnerables de la ciudad y poder proteger a las infancias de las bandas criminales. 

En este sentido, menciona la importancia de fortalecer la oferta institucional en materia educativa, cultural y social, para llegar a las poblaciones más vulnerables de la ciudad y poder proteger a las infancias de las bandas criminales. 

Por tanto, abordar los crímenes cometidos por menores de edad requiere reconocer la complejidad de los factores que los rodean. 

Si bien es fundamental garantizar la integridad y los derechos de los menores, también es necesario visibilizar cómo las bandas criminales se aprovechan de su vulnerabilidad, utilizando técnicas de manipulación para captarlos y presentarles la delincuencia como una vía de subsistencia.

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