La amenaza hecha el fin de semana por el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc contra el proceso electoral que está en curso, volvió a encender las alertas sobre la seguridad de los próximos comicios, principalmente en las zonas de mayor riesgo como el Catatumbo.
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Por medio de un comunicado, el grupo armado advirtió que después de evaluar la decisión adoptada por el Gobierno Nacional, de suspender parcialmente el cese al fuego en algunos departamentos, ellos no aceptarán que se pase por encima de lo pactado y tomarán medidas “inicialmente para las elecciones regionales”.
Una de esas acciones es prohibir el ingreso de candidatos a las zonas donde esa agrupación al margen de la ley asegura tener el “control político-militar”. También dicen que actuarán en aquellos casos en los que se evidencien hechos de corrupción electoral, como compra de votos, entrega de materiales de construcción, compra de registradores municipales, ofrecimiento de puestos o falsas promesas, entre otras prácticas de este tipo.
Este anuncio fue rechazado por el registrador nacional, Alexander Vega, quien durante la tercera Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que tuvo lugar ayer en Bogotá, le exigió al gobierno del presidente Gustavo Petro garantizar la seguridad de todos los actores que están involucrados en los próximos comicios locales y regionales.
“Es deber de la Registraduría pronunciarse rechazando de manera categórica el comunicado de la semana pasada del grupo que delinque en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que atenta contra las garantías de los comicios en curso, pone en riesgo las condiciones de equidad del certamen electoral y amenaza el debido cumplimiento de la función de los registradores municipales y demás trabajadores de la entidad”, dijo.
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Vega fue enfático en que no se puede hablar de elecciones libres ni con garantías, si los alcaldes de Tibú (Norte de Santander), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo) están despachando por fuera de sus municipios, por amenazas contra sus vidas.
El funcionario recordó que la semana pasada, junto con la Policía Nacional, presentaron el mapa de riesgo electoral para las elecciones de este año y en el que 74 municipios aparecen con un riesgo elevado, entre ellos varios de Norte de Santander, razón por la cual esta región es una de las priorizadas por las autoridades.
En ese sentido, dijo que, ante la advertencia hecha por el grupo armado, es necesario que toda la institucionalidad esté unida para enfrentar cualquier amenaza que quiera limitar el ejercicio democrático de los colombianos.
“Hasta el momento, la Registraduría no contempla trasladar ninguna mesa. Confiamos plenamente en el Gobierno, en las Fuerzas Militares y de Policía, en que no tendremos que correr ni puestos ni mesas de votación. Sería un retroceso al año 2002 donde teníamos que aplazar o suspender elecciones. Con la activación de las operaciones militares, esperamos que el territorio se recupere y las zonas que están en el mapa de riesgo electoral sean priorizadas”, señaló el registrador.
Seguridad para el alcalde de Tibú
En el marco de la Comisión de Seguimiento Electoral, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se refirió al mensaje de las disidencias de las Farc que lidera Iván Mordisco, y dijo que el llamado a todas las fuerzas de este país es al respeto por la democracia.
El jefe de la cartera política señaló que junto con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), están preparando un plan que le dé seguridad no solo a los candidatos, sino a los ciudadanos de todo el país.
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“Una de las primeras acciones es reforzar la seguridad de los cuatro alcaldes que han tenido que abandonar las zonas para que puedan volver despachar desde su territorio y además liderar el proceso electoral desde su territorio”, anunció Velasco.
Insistió en que el Gobierno Nacional y los funcionarios del Estado tienen el deber de brindar todas las garantías para que la democracia funcione “y funcione bien en los próximos comicios”.
Incremento de la violencia
Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) rechazaron, igualmente, el comunicado de la disidencia y manifestaron la importancia de que se empiecen a convocar pronto las comisiones de seguimiento departamentales, con presencia de las autoridades nacionales, para demostrar que es la institucionalidad la que está acompañando a los gobernadores y alcaldes de los municipios más afectados por la violencia.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, dijo que es lamentable el incremento de la violencia que se ha venido dando en Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca, y señaló que también se ha podido evidenciar un amento de al menos el 300% de las acciones violentas en departamentos como Sucre, Atlántico, Santander y Bolívar.
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Según la veeduría electoral, las acciones armadas y amedrentamientos por parte de las organizaciones delincuenciales y al margen de la ley en los primeros seis meses del calendario electoral pasaron de 262 en 2019, a 634 este año.
“Estamos a cinco meses de las elecciones y eso significa que se tiene el tiempo suficiente para poder adoptar las medidas necesarias para brindar garantías no solamente a las organizaciones políticas y los candidatos, sino para que los ciudadanos puedan votar de manera libre y las autoridades electorales puedan ejercer sus funciones sin ningún tipo de presión por parte de los grupos armados ilegales”, manifestó Barrios.
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