¿Por qué se están teniendo que repetir tantas elecciones en Colombia?

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En lo que va corrido del 2025 se han convocado 12 elecciones atípicas./Foto cortesía

Lucy Araque

Categoría nota

Apenas han transcurrido 15 meses desde que tomaron posesión los nuevos alcaldes y gobernadores para el periodo 2024-2027 y en Colombia ya se han tenido que repetir 17 elecciones de gobernantes locales, además de 127 de Juntas Administradoras locales, y aún faltan varias más que están en proceso de convocatoria.

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Esto sin contar los cinco comicios que se debieron organizar nuevamente finalizando el 2023, por los problemas de orden público que impidieron que en Santiago (Putumayo), Pueblorrico (Antioquia), Fonseca (La Guajira), Ricaurte (Nariño) y Gachantivá (Boyacá) se celebraran con normalidad las elecciones de autoridades locales programadas para el 29 de octubre de ese año.

De acuerdo con los datos de la Registraduría Nacional, solo en lo que va corrido del 2025 los ciudadanos de 11 municipios y el departamento de Putumayo tuvieron que acudir otra vez a las urnas o están a la espera de hacerlo, para elegir a la persona que llevarán las riendas de su municipio o región por lo que resta del periodo, teniendo en cuenta que la que ya habían designado mediante su voto hace un año y medio fue removida del cargo.

Todas estas son elecciones atípicas, es decir, que están por fuera del calendario electoral ordinario y se tienen que organizar “con el fin de cubrir la vacancia absoluta de un mandatario y elegir una autoridad por el tiempo que resta del periodo constitucional del cargo, cuando esta vacancia se registra faltando 18 meses o más para la terminación de dicho periodo”.

En Colombia, una de las principales razones por las cuales se tienen que repetir elecciones son las nulidades electorales, a las que se llega porque los elegidos estaban incursos en alguna inhabilidad al momento de los comicios, como fue el caso de Pamplonita, donde el alcalde que ganó en 2023, Fabio Leal Cruz, tuvo que apartarse de sus funciones de manera anticipada, porque había suscrito un contrato con la Gobernación de Norte de Santander dentro del año anterior a la elección.

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En consecuencia, el pasado 9 de marzo, los pamplonitenses tuvieron que volver a las urnas para definir a su sucesor, siendo elegido el conservador José Alberto Miranda.

Como la de Pamplonita, este año ya se han hecho elecciones atípicas en Chiriguaná (Cesar), El Rosario (Nariño), Puerto Guzmán (Putumayo), para elegir nuevos alcaldes, y en Putumayo, el reemplazo del saliente gobernador.

Para abril y mayo están programadas elecciones en: Apartadó (Antioquia), Duitama (Boyacá), La Victoria (Boyacá), Nuevo Colón (Boyacá), Oiba (Santander), Cuyaima (Boyacá) y La Jagua del Pilar (La Guajira).

Otras causas que se presentan en menor proporción y que obligan a organizar comicios atípicos son: la destitución del gobernante, la victoria del voto en blanco, como sucedió en Gamarra (Cesar) en las elecciones del 2023; o porque el alcalde o gobernador renuncia, muere o no toma posesión.

Lo que llama la atención y se ha convertido en un motivo de reproche luego de cada proceso democrático, es que la cifra de elecciones atípicas sigue siendo representativa, especialmente si se tiene en cuenta que desde 2015 la mayoría de las 100 convocadas para gobernantes tienen su origen en la nulidad de la elección de quienes obtuvieron la credencial en la pasada contienda ordinaria.

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El caso de 2025 comienza a generar preocupación en algunos sectores, toda vez que el mismo registrador nacional, Hernán Penagos, advirtió que este año es particularmente especial en cuanto a procesos electorales se refiere, puesto que el número de contiendas democráticas que se tendrá que repetir en el país podría estar por el orden de las 30.

Una decisión de alto costo

De acuerdo con cálculos no oficiales de la Registraduría, en promedio, organizar una elección atípica en municipios pequeños podría costar entre $5.000 millones y $6.000 millones.

Para la Misión de Observación Electoral (MOE), esa cifra podría bordear los $2.000 millones, pero si se tiene en cuenta que es una contienda que se repite, estiman que el proceso termina costando el doble, porque ya se hizo una primera inversión de recursos en un proceso que finalmente resultó en una nulidad electoral.

Y si bien tanto la MOE como Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario y experto en análisis electoral y de partidos políticos en Colombia, coinciden en que en democracia no se puede hablar de dinero perdido o del costo de elegir, puesto que de lo que se trata es de que los ciudadanos no se queden sin gobernantes ni representación, sí consideran que el asunto amerita un análisis mucho más de fondo, sobre las causas que están desencadenando la repetición de comicios.

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Para Frey Muñoz, subdirector de la MOE, el alto número de elecciones atípicas este año es preocupante, teniendo en cuenta el déficit fiscal en que se encuentra el país y el congelamiento de recursos presupuestales de entidades como el Consejo Nacional Electoral.

“Las elecciones atípicas están generando un sobrecosto en los procesos electorales y también una incertidumbre y un truncamiento de la gobernabilidad de los territorios, puesto que no son solo las elecciones, sino todo lo que ello implica para la comunidad, y es que llegue otro gobernante, otras formas de administrar, ideas contrarias frente un plan de desarrollo que ya se estaba ejecutando y eso trae muchas dificultades”, plantea.

En ese sentido, Muñoz sugiere la importancia de entrar a estudiar qué está desencadenando las nulidades electorales, al ser la razón principal por la cual se originan los comicios atípicos, y ver si es necesario hacer reformas legales, para que haya mayor responsabilidad por parte de los partidos y candidatos.

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Yann Basset, por su parte, encuentra un obstáculo mayor en el papel que juegan las autoridades electorales y en las reglas de juego para participar en elecciones, pues considera que en Colombia hay un sistema de inhabilidades complejo para evitar conflictos de interés y en muchas ocasiones ni los mismos partidos saben bien cómo aplicarlas.

El analista trajo a colación el caso del exsenador Antanas Mockus, a quien le anularon su elección en 2020 por un contrato que su fundación, Corpovisionarios, firmó con la Gobernación de Cundinamarca durante el año previo a las elecciones legislativas de 2018.

Inicialmente, una sala especial del Consejo de Estado consideró que a Mockus no le aplicaba la inhabilidad, porque no fue él directamente quien firmó el contrato, pero posteriormente la Sección Quinta de ese mismo tribunal falló una segunda demanda en contra del dirigente político, por los mismos hechos, y en esa sí anuló su credencial.

“El problema es, sobre todo, de las autoridades electorales y el costo de no tener una corte electoral que sea realmente capaz de fallar en primera instancia con una legitimidad suficiente”, advierte.

El dilema de la doble militancia

Tanto la Misión de Observación Electoral como Yann Basset también pusieron sobre la mesa un asunto que hoy está generando un número considerable de fallos de nulidad electoral contra los elegidos en 2023, y es la doble militancia.

Esta semana -justamente- el Consejo de Estado profirió una sentencia en contra del gobernador de San Andrés, Nicolás Iván Gallardo Vásquez, porque a pesar de ser avalado por el Partido Liberal Colombiano, apoyó indebidamente a unos candidatos a la Asamblea, de otras organizaciones políticas.

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Por esa razón, en la isla, sus habitantes tendrán que ir a las urnas otra vez, a elegir a su sucesor.

Para el subdirector de la MOE, Frey Muñoz, esta es una situación que se está presentando con mucha frecuencia en el Congreso, pero que tiende a repetirse en las elecciones de autoridades locales, por cuenta de las coaliciones.

“Se llegó a entender por algunos actores políticos que como hacían parte de una coalición, entonces podía apoyarlos, pero en realidad no hay ninguna regla clara frente a eso, porque no hay una ley que desarrolle el tema de las coaliciones y lo que hay es un desarrollo jurisprudencial. Esa falta de claridad es la que ha llevado a ciertas nulidades”, explica.

El profesor Basset coincidió en que hay un serio problema, por cuanto se adoptó esa figura sin reglamentarla correctamente. “Ahí faltó una ley que pudiera explicar qué es lo que implica en términos de financiación, aplicación y tener unas reglas claras”, dijo.

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En Norte de Santander, actualmente hay cinco alcaldes contra los cuales cursan procesos de nulidad electoral tanto en primera como en segunda instancia, por lo que la expectativa está puesta en el desenlace que tendrán estas demandas y si habrá necesidad de convocar o no nuevos más elecciones atípicas en la región.