Norte de Santander no fue nunca un departamento receptivo a la propuesta con la que Gustavo Petro intentó, en repetidas oportunidades, llegar a la Presidencia de la República.

Tanto en 2018 como en las elecciones de este año, sus contendores arrasaron en casi toda la región, siendo el Catatumbo la única zona en la que el ahora mandatario de los colombianos encontró un voto de confianza por parte de sus habitantes.

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De los 40 municipios que conforman Norte de Santander, solo Teorama, El Tarra, San Calixto y Hacarí, duramente azotados por la intensidad del conflicto armado que se libra desde hace varias décadas en esta subregión del país, le dijeron ‘sí’ a la posibilidad de que Petro fuera el que los gobernara durante los próximos cuatro años. Esa misma tendencia ya se había registrado en los comicios anteriores, cuando el entonces candidato presidencial terminó segundo.

Hoy, cuando se cumplen los primeros cien días del nuevo Gobierno, no solo esas cuatro poblaciones, sino el Catatumbo y el departamento en general, parecieran estar recibiendo los frutos de la apuesta que decidieron hacer unos cuantos en las urnas, pero que les ha permitido a muchos experimentar una sensación de tranquilidad que, según Olger Pérez, líder social y vocero político de la Asociación de Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), hace mucho tiempo no vivían.

“Desde el 7 de agosto hacia atrás lo que escuchábamos en el Catatumbo diariamente y lo que los medios de comunicación transmitían eran hechos que tenían que ver con el conflicto armado. Llevamos tres meses, prácticamente, sin escuchar el trajinar de las ametralladoras, de los fusiles, del ruido estruendoso de las bombas y los continuos enfrentamientos que se vivían en la región. Prácticamente el conflicto armado ha bajado a su mínima intensidad”, manifestó el dirigente campesino.

El informe ‘Las siete primeras semanas del Gobierno Petro marcan una reducción de los homicidios’, presentado recientemente por el Centro de Análisis de Datos, (Delfos), de la Universidad Externado de Colombia, sobre la evolución en el país de los homicidios y las acciones armadas en ese periodo de tiempo del gobierno Petro, confirma lo dicho por Pérez.

Según este análisis, una de las regiones en donde, estadísticamente, se redujeron las cifras de muertes violentas fue precisamente el Catatumbo. Este es el caso de El Tarra (-2 casos, – 66,6%) y Tibú (-1 caso, -12%), que son dos de los municipios en donde la tasa de homicidios es mucho más alta en toda la subregión.

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Con relación a las acciones armadas, el Centro de Análisis también concluyó que entre el 7 de agosto y el pasado 30 de septiembre la disminución en el número de enfrentamientos, combates, hostigamientos, emboscadas, bloqueos de vías, incursiones y demás, fue notorio (87 hechos), comparado con el mismo periodo de 2021 (160 casos), según  los indicadores reportados en el Monitoreo Humanitario por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA Colombia).

“A nivel nacional, los combates descendieron en un 59 % en 2022. Ocurrieron 71 eventos en 2020 y 29 en 2022. Los hostigamientos disminuyeron en un 39 %, de 18 eventos en 2021 se pasó a 11 eventos en 2022. Las emboscadas presentaron una disminución del 60%, pasando de 10 eventos en 2021 a 4 en 2022, y las incursiones bajaron en un 100%, pues ocurrieron 6 eventos en 2021 y 0 en 2022”, dice Delfos, citando los datos de OCHA.

En Tibú, particularmente, las acciones armadas que se registraron en el Monitoreo Humanitario muestran una reducción leve, al pasar de 5 a 4 en el primer mes y medio del gobierno de Gustavo Petro.

Las autoridades de Norte de Santander también reportan una ostensible disminución en el número de hechos cometidos por los actores armados ilegales en los últimos meses. Según los indicadores que manejan y que conoció La Opinión, en lo que va corrido de 2022 se han presentado 63 acciones violentas, de las cuales 17 se produjeron entre el 1 de julio y la fecha.

Esto quiere decir que mientras en el primer semestre se registró un promedio de siete u ocho acciones por mes, en lo que va del segundo esa cifra ha caído a 4 mensuales.

En materia de homicidios, la Policía Nacional reporta en su base de datos Siedco que la reducción en el número de muertes violentas en el departamento en el tercer trimestre (sin contar el área metropolitana de Cúcuta) es de -56%, con 36 hechos menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se presentaron 64 asesinatos.

Al revisar los meses que lleva en el poder el presidente Petro, las estadísticas de la Policía indican que mientras  en agosto del año pasado fueron asesinadas 21 personas en la región, en este mismo mes de 2022 solo se han cometido 8 homicidios (-62%). En septiembre se pasó de 19 a 15 casos (-21%) y en octubre de 24 a 5 casos (-79%).

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Con relación a las masacres cometidas en lo que va corrido de 2022, según el reporte detallado que día a día entrega el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el último hecho de este tipo que se presentó en el departamento fue el 27 de agosto pasado, en Cúcuta, donde fueron asesinadas cuatro personas.

OCHA y la Defensoría Regional del Pueblo de Ocaña también dan cuenta en informes y declaraciones a medios de comunicación, que el último desplazamiento masivo que se presentó en la zona del Catatumbo fue el pasado 4 de agosto, tres días antes de asumir Petro, en la zona rural de Teorama, en donde cerca de 271 personas (79 familias) se desplazaron desde las veredas Caño Seco y Piedras de Moler al casco urbano del corregimiento de San Pablo, como consecuencia de los combates entre la Fuerza Pública y un grupo armado.

“Desde la Defensoría, efectivamente, se evidencia una reducción notoria en las acciones violentas en el territorio. En los últimos meses se han presentado desplazamientos, pero de manera individual y que obedecen a situaciones particulares de cada persona, que relacionan con el conflicto armado”, mencionó Ever Pallares, defensor del Pueblo en Ocaña en diálogo con La Opinión.

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El llamado de Petro caló

Habitantes del Catatumbo, líderes sociales, campesinos, delegados de ONG,  funcionarios públicos y quienes conocen la realidad de la zona  y el panorama al que estaba enfrentada esa subregión nortesantandereana desde el año pasado y durante el primer semestre del 2022, no dudan en afirmar que el mensaje del presidente Petro definitivamente ha sido determinante en lo que está pasando hoy en esta zona del departamento.

Los ocho consultados coinciden en que la llamada ‘paz total’,  que se ha convertido en una de las principales banderas y apuestas del actual Gobierno, tuvo eco entre los actores armados ilegales y organizaciones criminales que hacen presencia en el territorio catatumbero, quienes están a la espera del desarrollo que tenga esa política.

“El Catatumbo tiene que tomar decisiones rápidas si queremos aislarnos de la violencia y queremos construir la paz”, fue el mensaje que les dejó el propio presidente a los habitantes de la región en la histórica visita que hizo a El Tarra, el pasado 26 de agosto.

En la primera parada de la que se tenga memoria que un jefe de Estado hace a ese municipio catatumbero y que por poco termina cancelándose, pues horas antes de su arribo, la caravana en la que se transportaba la avanzada que iba a organizar la visita fue atacada por un grupo armado ilegal, Petro convocó a los catatumberos a, “dejar de ser el primer productor mundial de cocaína para convertirse en la capital nacional de la paz. La primera línea de la paz en Colombia”.

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Y si bien reconoció que en el Catatumbo confluyen diferentes organizaciones al margen de la ley y grupos criminales como el Eln, la disidencia de las Farc, Los Pelusos, entre otros, que en su disputa por el control territorial y el negocio de los cultivos ilícitos han puesto a la población civil en medio de la confrontación, destacó el hecho de que todos ellos le han planteado al Gobierno Nacional la disposición de abrir negociaciones de paz.

Es justamente ese llamado el que líderes como Junior Maldonado, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), consideran que ha sido clave para la disminución de las acciones armadas en la zona en estos primeros cien días del nuevo Gobierno.

“Después del 7 de agosto casi todas las acciones militares de los actores armados prácticamente quedaron en cero. En Tibú,  que estaba tan azotado, se ha visto una reducción muy considerable. Hay como una especie de cese al fuego de facto. Creo que la política de ‘paz total’ que está planteando el Gobierno ha abierto la posibilidad de que los actores expresen la voluntad de querer avanzar hacia un posible cese multilateral de fuegos”, expresó Maldonado.

Según Indepaz, a la fecha, 22 grupos armados han manifestado su disposición a sumarse a la apuesta de paz de Petro.

Entre ellos está la disidencia del Frente 33 que opera en el Catatumbo, la cual dio a conocer un comunicado comenzando agosto, en el que manifestaban su disposición de dialogar con el nuevo Gobierno y proponían iniciar exploraciones para un cese bilateral al fuego como primer paso.

Las Autodefensas Gaitanistas  de Colombia (AGC) hicieron lo propio el 7 de agosto y en su comunicado anunciaron un cese unilateral del fuego como expresión “de buena voluntad”, a partir de esa fecha.

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El Eln, entre tanto, está a la espera de la instalación de la mesa de negociación con el actual Gobierno y las directrices que se tomen para el reinicio del proceso de paz.

“Me alienta el enfoque del nuevo Gobierno respecto a la paz y la seguridad, que da prioridad al diálogo como principal recurso para resolver el conflicto social y armado, que hace énfasis en que las estrategias de seguridad deben centrarse en la protección de las comunidades vulnerables y los derechos humanos, y que vincula las soluciones duraderas a la violencia con la superación de desigualdades históricas mediante transformaciones más profundas, especialmente en zonas rurales y empobrecidas”, destacó las Naciones Unidas en el más reciente informe de la Misión de Verificación en Colombia, comprendido entre el 28 de junio y el 26 de septiembre de 2022.

Los temores que persisten

Aunque es evidente que la confrontación armada en el Catatumbo se ha reducido de manera importante en el arranque del gobierno que lidera Petro, las comunidades esperan que cesen no solo las acciones contra la Fuerza Pública, sino también contra la población civil.

Esto, pues a pesar de que los grupos armados que ejercen el control en el territorio han detenido en gran medida los ataques, las hostilidades contra los habitantes de la zona persisten, razón por la cual insisten en que el cese del fuego sea también con la comunidad, los liderazgos sociales, los grupos étnicos y demás.

En septiembre pasado, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí expidió un comunicado en el que denunció el “agravamiento de la situación de vulneración de los derechos humanos y territoriales de nuestro pueblo”.

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“Hemos evidenciado que por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se están presentado las siguientes situaciones: están realizando e imponiendo retenes en las carreteras y en la orilla del río Río de Oro, intimidando a los habitantes al solicitar documentos de identidad, requisando pertenencias y cargas, y preguntando lugares de vivienda, lugar de salida y lugar de destino. Se ha identificado y evidenciado restricciones a la movilidad, prohibiciones para realizar prácticas culturales y económicas como pescar y cazar en territorio cercano al sector de Río de Oro, que se conoce como zona frontera entre Colombia y Venezuela, pero que para nosotros es un tránsito y práctica ancestral histórica. Ha asumido una posición violenta y agresiva no solo contra el pueblo Barí sino también con la población campesina, con el fin de controlar e imponerse en el territorio”, dicen los delegados de esta comunidad.

En ese sentido, le exigen al Gobierno atender su situación y al Ministerio Público, así como a los organismos de derechos humanos, “emitir pronunciamientos de respaldo a la Nación Barí”.

A propósito de la situación de la población civil, el informe de la Misión de Verificación de la ONU señala lo siguiente: “confío en que se aprovechen al máximo los próximos meses con miras a fortalecer progresivamente la presencia y las capacidades del Estado para proteger a los grupos vulnerables y desmantelar los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales”.

Este es, precisamente, el desafío que enfrenta el Gobierno luego de estos primeros cien días, pues lo que piden desde los distintos sectores es que esa aparente paz que se vive hoy en la zona se mantenga y no se permita la reconfiguración de un nuevo escenario de guerra en la región.

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