El hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado no solo aceleró y le dio fuerza al presidente Gustavo Petro para ratificar su idea de convocar una consulta popular a través de la cual decidir el futuro de sus reformas sociales,  sino que también agitó el debate en el país sobre la conveniencia de la decisión que tomaron los ocho senadores que votaron por el archivo del proyecto.

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Mientras unos consideran que este fue un error de los congresistas, porque la iniciativa sí contenía aspectos relevantes que fueron concertados en favor de los trabajadores y que la decisión fue más política que técnica, otros se sostienen en que el desenlace del proyecto fue el más apropiado.

Para la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, dura crítica del Gobierno, la Comisión Séptima sí cometió una equivocación en la decisión que adoptó por mayoría, pues cree que de los 80 artículos que contenía la norma se pudieron haber reducido y dejado los que resultaban más relevantes para los empleados, con la respectiva consideración de los empleadores.

“Yo creo que este es un regalo al presidente Petro. Él no sabe gobernar ni le interesa aprender, en cambio, sí sabe hacer campaña y callejear. Esto (el archivo) le da el instrumento, además, para hacerlo con recursos públicos, abusando del poder”, planteó la senadora, que es una de las que lidera la escisión de los verdes.

Ante este escenario, Lozano consideró que lo que debió haber hecho la Comisión y el Congreso fue aprobar algo “realista y útil” para los colombianos.

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El que también coincidió con la congresista fue el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien opinó que la postura de los ocho senadores que avalaron el hundimiento de la laboral terminó reduciendo el asunto a un pulso político de parte y parte.

“Se equivocaron las y los senadores de la Comisión Séptima que votaron el archivo de la reforma laboral. Se podía mejorar su texto, como ya se había hecho en la plenaria de Cámara, en la que por iniciativa de los partidos se incluyeron modificaciones sustanciales”, sostuvo.

En su criterio, todavía queda una última oportunidad de concertar la reforma, si la plenaria del Senado concede la apelación interpuesta por el senador Fabián Díaz.

No obstante, esta no parece ser ya una opción para el jefe de Estado, quien el martes durante su intervención en la Plaza de Bolívar insistió en que la consulta popular “arranca ya”, al tiempo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue enfático en que el mecanismo de participación “va, sí o sí”.

Uno de los que sí defendió la suerte de la reforma fue el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien mantiene un profundo distanciamiento con el presidente Petro.

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Para el congresista conservador, la decisión que tomó la Comisión Séptima es responsable.

“El Congreso no le tuvo miedo a la marcha que nos hicieron en la Plaza de Bolívar. Creo que vamos a esperar las preguntas de la consulta popular, porque no solamente no le tenemos miedo, sino que el Ejecutivo puede salir debilitado si no logra la votación”, manifestó Cepeda.

¿Qué dicen los analistas?

La Opinión conversó con analistas políticos para conocer la lectura que queda sobre el episodio que esta semana volvió a enfrentar al Gobierno y al Congreso, y que podría terminar con un pulso en las urnas, en una consulta popular en plena campaña electoral para 2026.

Al respecto, John Mario González, quien además es académico y columnista, opinó que la decisión que adoptó el bloque de ocho senadores en la Comisión Séptima no fue una equivocación, sino la expresión natural de “la precariedad” del Gobierno en el Congreso desde hace ya casi dos años.

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En su criterio, se hubieran equivocado sí hubieran cedido “al pulso y al chantaje del Gobierno”.

Aun así, fue claro en que eso no quiere decir que la oposición pueda reclamar una victoria contundente o que tenga el camino despejado.

“El gobierno Petro, de manera hábil, está encauzando al país hacia un choque político y social, que es en lo que podría terminar la consulta popular que promueve. Una consulta que no tiene otro propósito que maquillar su ineptitud y diezmar la poca institucionalidad del país para perpetuar y anquilosarse en el Gobierno”, dijo.

González está de acuerdo con lo que se ha venido planteando desde que el presidente anunció la movilización popular en favor de sus reformas, y es que lo que se viene es un periodo con muy altas probabilidades de polarización extrema y enfrentamiento político, como antesala a las elecciones del 2026.

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“Petro y el Gobierno ganan por A o por B, a menos que tuvieran un estruendoso fracaso en las urnas, que no lo veo probable. Y es que gana porque monopoliza el debate público y mantiene la iniciativa de la agenda política, distrae la atención sobre el fracaso de su gobierno y su ineptitud, para instalar la idea de que si no hay avances es por los intereses de las élites y porque no lo han dejado gobernar”, consideró.

Y agregó que es a partir de este discurso que termina poniendo a toda su coalición de Gobierno en modo campaña “y termina amalgamando apoyos para sus precandidatos presidenciales y los del Congreso”.

Oscar Castelblanco, docente de la Universidad Libre y experto en actualidad política, recordó que en los países democráticos uno de sus principios fundamentales es la separación de poderes y en ese sentido, pretender que si el Senado no le aprueba una norma al presidente de la República, es porque quienes toman la decisión son “traidores, oligarcas o codiciosos”, resulta preocupante.

“Los mecanismos de participación ciudadana los prevé la Constitución y ahí está la consulta popular, eso está bien. Lo que no está bien y hay que analizar con pinzas, es si cada vez que al presidente le archivan un proyecto, la amenaza sea convocar al pueblo para que sea este el que decida”, planteó Catelblanco.

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Señaló que, en la práctica, lo que está haciendo el Gobierno con las reformas pareciera aún más deslegitimado, porque la votación del mecanismo se daría en medio de un año electoral, lo que le da más fuerza a la teoría que ha surgido, en el sentido de que lo que el presidente quiere es adelantar la campaña, para sacar el pueblo a las calles y profundizar una suerte de pulso y división.

Reformas no podrían  ir vía consulta popular

Otro punto en el que hizo énfasis el docente de la Universidad Libre, es en que la idea que está promoviendo el mandatario de los colombianos tendría serios vacíos jurídicos.

Lo anterior, por cuanto explicó que una consulta popular no puede reemplazar un proyecto de reforma como la laboral ni la de salud.

“El presidente no es abogado, pero sus asesores le deben decir que los textos jurídicos cuando se someten al pueblo, se debe hacer mediante otro mecanismo de participación ciudadana que es el referendo. La consulta popular es para someter a consideración del pueblo una pregunta de interés general. Es decir, no puede someter a consulta un texto normativo, eso es mentiroso, es engañoso”, explicó el docente.

Dijo que ahí el gran interrogante que no ha sido resuelto aún es cuántas son las preguntas que se piensan hacer y qué tipo de preguntas, para que le aprueben toda la reforma, pues insistió en que “la Constitución prohíbe someter a consideración del pueblo, por medio de la consulta popular, textos jurídicos”.

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