El rifirrafe en que están trenzados los conductores del servicio público individual de Colombia y Venezuela, por la forma en que según ellos los tratan las autoridades de transporte, avivó ayer el ambiente con las denuncias que de parte y parte se lanzaron hacia ambos lados.

Los taxistas binacionales le aseguraron a La Opinión que son víctimas de una persecución sin cuartel por parte de las autoridades para no dejarlos trabajar libremente como ocurría antes de que se produjera el cierre de la frontera en 2015.

Por el lado colombiano, el presidente del sindicato de taxistas de Cúcuta, Juan Carlos Bastos, desmintió las versiones que existen del lado venezolano en las que se asegura que a los taxistas nacionales les están pagando cinco dólares  por cada pasajero que lleven al terminal de Ureña.

“Eso es mentira, a nosotros nos obligan las autoridades de este municipio venezolano  a descargar los pasajeros en el terminal por una ruta establecida por la alcaldía. No lo podemos hacer en ningún otro sitio, so pena de ser multados inmisericordemente por parte de la policía y la Guardia venezolana”, dijo Bastos.

Añadió que les están pidiendo a las autoridades venezolanas “que tomen el control  contra este matraqueo que nos están haciendo a los taxistas colombianos. A unos taxistas les han pedido 350 dólares, a otros 600 mil pesos, y a otros 700 mil pesos, denunció el dirigente sindical.

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Esto ocurre –dijo Bastos- en el municipio de Ureña, porque en San Antonio no tenemos problemas.

También el gremio de taxis cucuteño le exigió a las autoridades locales que ejerza un control más eficaz contra los taxistas venezolanos, porque aquí sí se les permite a ellos que estacionen en donde quieren, por ejemplo, en la Parada tienen paradero, “en donde nadie les dice nada porque La parada es tierra de nadie”, subrayó Bastos.

El presidente del sindicato de taxistas mencionó que con esto se está violando el Acuerdo Binacional que no permite que los taxistas venezolanos salgan  con pasajeros desde Colombia, así como nosotros no podemos sacar servicios de Venezuela hacia Colombia.

En Cúcuta los taxistas venezolanos tienen siete puntos de descargue de pasajeros y nosotros solo uno, recordó Bastos.

Hay un taxista preso

El líder de los taxistas cucuteños reveló que en Venezuela se encuentra preso un colega colombiano que accidentalmente estaba en el lugar equivocado, ya que llevó una carrera a una vivienda de Ureña donde a esa hora se practicaba un allanamiento y tras el cual las autoridades de ese país encontraron 4 kilos de sustancias sicoactivas en el interior de dicho inmueble.

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El vehículo está inmovilizado en Caracas y el taxista preso y en estos momentos la propietaria del taxi está quebrada porque el carro se pagaba a cuotas No tenemos ni respuesta ni apoyo del consulado de Colombia allá en  Ureña o en San Cristóbal, reclamó el representante del gremio amarillo.

Conductores tachirenses denuncian negocio con injustas multas en Cúcuta

Varios conductores venezolanos que han viajado a Cúcuta para dejar a sus familiares o amigos en el aeropuerto o el terminal han sido víctimas de una presunta extorsión por parte de las autoridades colombianas, quienes les han impuesto multas por supuesto transporte ilegal y les han retenido sus vehículos por semanas.

Pero luego de que pagan la onerosa multa dentro del lapso de los cinco días y una serie de documentaciones, los vehículos de las personas no son devueltos, por falta de una firma, por lo que los montos por concepto de estacionamiento ascienden a cifras millonarias, hecho que ha sido considerado un negocio redondo de las autoridades colombianas.

 Jonathan  Martínez, quien es un profesor de San Cristóbal, es uno de los afectados por la mencionada situación, pues desde hace 21 días su vehículo fue llevado a un estacionamiento de retención en Cúcuta, y pese a que ya realizó el pago del comparendo y la grúa, cada vez que va a retirar su carro, le piden otros documentos.  El conductor mostró que acude a la capital del Norte de Santander con su SOAT.

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A Jonathan le aplicaron el comparendo con el alegato de que realizaba transporte informal, cuando él fue a llevar a sus compadres al terminal de Cúcuta, junto a su esposa e hijos, mostró la partida de nacimiento y documentos que demostraban su afinidad. En el documento de la multa incluso describieron que la esposa de Jonathan era una pasajera.

“Tiene que ser un negocio que tienen con el Área Metropolitana y los estacionamientos, porque le dan a uno 5 días para pagar el estacionamiento con un 50% de descuento, yo hice eso y sigo en lo mismo. Son 35.000 pesos diarios que se pagan por estacionamiento, ya llevo como 2.000.000 de pesos gastados”, aseguró Martínez.

Apuntó que para que le entreguen su vehículo hace falta la firma de Luis Vidal Pitta, subdirector de transporte público del AMC. Ahora, su temor es que el automotor sea desvalijado dentro del estacionamiento donde se encuentra detenido.

Iván Colú, un empresario de repostería de San Cristóbal, también vivió una situación similar cuando dejaba a amigos en el Aeropuerto Camilo Daza, pese a que cuenta la documentación de su vehículo al día; sin embargo, el funcionario que lo abordó le dijo que cometía una infracción denominada D12 que es transporte ilegal.

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“Le expliqué al funcionario que no soy Uber ni trabajo ni vivo en la ciudad de Cúcuta. Me aplicó un comparendo, y sin más nada qué hacer lo pagué e hice el curso, pagué la grúa, hice el radicado de documento de mi vehículo y los personales, esperé cinco días hábiles para retirar el vehículo, luego me dijeron que debo esperar 10 días hábiles para aplicar a defensa. Me parece algo arbitrario que ellos tomen  tantos días en dar respuesta”, describió.

Dijo que económicamente se ha visto seriamente afectado, ya que en cada ida a Cúcuta en transporte público ha gastado cerca de 100.000 pesos, y además del costo por cada día de estacionamiento.

Los afectados relataron que son muchos vehículos con placas venezolanas retenidos en estos estacionamientos, así como personas que están pasando por esta situación con sus carros.

Habla la autoridad de transporte del Área

El subdirector de transporte del Área Metropolitana de Cúcuta, Vidal Pitta, fue claro en señalar que los conductores de servicio público provenientes de San Antonio o Ureña (Venezuela), deberán entran y salir por el Puente Atanasio Girardot, antes Tienditas.

Dijo que estos conductores solo están autorizados para dejar pasajeros en siete puntos de la ciudad y no pueden transitar por el centro de Cúcuta y la Diagonal Santander, ni por Villa del Rosario ni a Los Patios.

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Los sitios en los que pueden dejar pasajeros con: Clínicas, centros comerciales Ventura, Unicentro, aeropuerto Camilo Daza, el Hospital Universitario Erasmo Meoz y en Cenabastos.

Frente a las denuncias que hacen los conductores del vecino país, Pitta fue claro en advertir que ellos no están autorizados para trabajar en Cúcuta, sino solo para transitar temporalmente, dejar el pasajero y regresar vacíos a sus lugares de orígenes.

“Lo que pasa es que ellos quieren hacer lo que anteriormente, de tener paraderos en Cúcuta y hacer carreras internas, eso no se les puede permitir, porque nosotros (el Área Metropolitana) está protegiendo el gremio de transporte público individual colombiano”, dijo el funcionario.

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