Nuevamente, la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República en los comicios de 2022 vuelve a ser objeto de discusión, por las presuntas irregularidades que habrían rodeado la financiación de dicho proyecto político y las investigaciones que están en curso.
Tanto la Fiscalía General de la Nación, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, agitaron esta semana el caso en el que están comprometidas personas del círculo más cercano del mandatario, incluido su hijo Nicolás.
El ente acusador, por ejemplo, confirmó el jueves que tiene abiertas seis indagaciones por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial, entre las que se incluye una contra la vicepresidenta, Francia Márquez, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
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De acuerdo con lo dicho por Hernando Barreto, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en concreto, la Fiscalía indaga al actual titular de la cartera de salud, quien fue el gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico, por el traslado de candidatos de ese partido político en avionetas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SADI SAS, de la que es socio Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco.
Sobre la investigación en contra de la vicepresidenta no se conocieron mayores detalles, sin embargo, ella se pronunció y sostuvo que la campaña de 2022 “fue limpia, bonita, y se movió desde la raíz del pueblo y de los territorios más excluidos y marginados”.
“Les puedo decir a todos los colombianos, colombianas y al mundo, que tengo mi corazón bien puesto. Yo llegué aquí desde lo más humilde, como una lideresa social y por mi trabajo. El proceso que se hizo para llegar junto al presidente a gobernar a Colombia se hizo con toda la honestidad y transparencia”, dijo Márquez.
El organismo investigador también adelanta indagaciones en este caso contra el exembajador en Venezuela y actual embajador ante la FAO, Armando Benedetti.
Aparecen, igualmente, dos indagaciones más en contra de funcionarios que están por determinar. Estas se relacionan con el supuesto ingreso de $500 millones que no habrían sido debidamente reportados por parte del sindicato de los profesores, Fecode.
En el Consejo Nacional Electoral
En los últimos días también tomó fuerza una versión según la cual los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), están próximos a presentar ponencia frente a la investigación que adelanta ese tribunal, por la aparente financiación ilegal de la campaña ‘Petro presidente’.
Según se conoció, tras varios meses de estar recolectando pruebas y testimonios, Ortiz y Prada habrían determinado que sí hay argumentos suficientes para formular cargos en contra de los encargados de la campaña.
El CNE también habría podido identificar inconsistencias en la información de los aviones que movilizaron a Petro y sus colaboradores en el proyecto presidencial.
En este caso están comprometidos el presidente de la República, la vicepresidenta Francia Márquez, el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, así como los contadores y auditores del Pacto Histórico.
En la Comisión de Acusación
Otra entidad en la que esta semana se movió el caso Petro y la financiación de su campaña fue en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Allí, el llamado triunvirato investigador conformado por los representantes Alirio Uribe Muñoz, Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Carrillo, recibieron los testimonios de Euclides Torres, Ricardo Roa Barragán y María Lucy Soto, los tres vinculados en su momento con la campaña del hoy mandatario nacional.
“Las declaraciones vertidas por los mencionados testigos serán formalmente incorporadas al expediente en el que se estudia la legalidad y regularidad de los gastos de la campaña presidencial del hoy presidente de la República. Cabe aclarar que el señor Euclides Torres, desde la virtualidad, se acogió a su derecho constitucional de no autoincriminarse y guardar silencio. Sin embargo, dio lectura a una declaración sobre los hechos de su conocimiento”, explicó en una declaración a los medios el congresista Uribe.
Por su parte, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sostuvo que por recomendación de sus abogados no se pronunciaría sobre la citación, como tampoco por los anuncios de la Fiscalía General y la investigación en el Consejo Nacional Electoral.
Los representantes investigadores reportaron además que “serán escuchados en próximas diligencias los señores Alfonso del Cristo Hilsaca, Samuel Santander Lopesierra, Christian Daes, Máximo Noriega y los parlamentarios Agmeth Escaf Tijerino y Pedro Flórez Porras”.
“Fueron finalizadas las diligencias de ratificación de denuncia en las que se citó a los once denunciantes y se escuchó oportunamente a quienes asistieron. Por último, se sigue avanzando en la recolección de evidencia documental, como son los procesos que se siguen ante las autoridades electorales y disciplinarias, y se estudia si de los medios de convicción ya incorporados surgen otros que deban ser decretados por los aquí suscritos, como parte de una tarea de investigación acuciosa que responda a las necesidades de la nación de conocer lo ocurrido y que a su vez sea respetuosa de las garantías de los sujetos del proceso”, precisaron.
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