Este viernes, 24 de enero, un juzgado de Bogotá decidirá sobre el recurso de apelación presentado contra la medida de aseguramiento impuesta el pasado 24 de diciembre a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno Petro.

La exfuncionaria permanece recluida en la Estación de Carabineros, luego de que la jueza tercera de garantías de Bogotá determinara que su libertad podría interferir en la investigación relacionada con presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía imputó a Sandra Ortiz los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que rechazó al declararse inocente. En su contra están los testimonios de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes aseguran que Ortiz desempeñó un papel clave en la red corrupta que desvió los recursos de la entidad.

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Por eso, al imponer la medida de aseguramiento, la juez argumentó: “debe señalar el juzgado que efectivamente se dan los delitos de tráfico de influencias de servidor público, pues la señora Sandra tiene esas calidades de servidora; estaba en un departamento donde podía influir sobre otros funcionarios, y tal cual como la reunión de Palacio; del desayuno del 25 de septiembre, se procedió a servir de ese puente entre un presidente del Senado y un director de la Ungrd, quien tenía en sus manos todas las obras y contratos. En ese orden de ideas, el juzgado considera que bajo esos elementos materiales probatorios se da esa inferencia razonable de autoría y participación bajo esos delitos que le han sido enrostrados a la señora Ortiz Nova”.

La investigación apunta a que dentro de esa entidad se creó una “organización criminal”, como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

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El entramado fue dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.

En ese contexto, Ortiz resultó ser la más alta ficha del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, salpicada por este escándalo, fue señalada por la Fiscalía de entregar $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, por orden de Carlos Ramón González.

El abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, afirmó que su clienta ha sido víctima de presiones indebidas por parte del ente acusador, incluyendo una propuesta de preacuerdo sin especificar los términos.

Medina calificó la situación como un intento de vincular a Ortiz al presidente Petro, asegurando que ella fue usada para “salpicar” al mandatario.

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