En medio de las disputas jurídicas y políticas por la legalidad del decreto de la convocatoria de la Consulta Popular, el registrador nacional, Hernán Penagos, alista su pronunciamiento oficial sobre la viabilidad de este.
Luego de conocerse la notificación de este decreto emitido la semana pasada, el registrador señaló que la entidad, junto con todo su equipo jurídico, “está estudiando con el rigor debido este decreto, así como la decisión que adoptó el Senado".
Como se lo han solicitado diferentes sectores, el registrador podría declarar una “excepción de inconstitucionalidad del decreto” al considerar que no tiene los requisitos exigidos por la ley y así frenar la convocatoria.
Según señaló Penagos, en los próximos días revelará su pronunciamiento definitivo sobre esta convocatoria realizada por el gobierno Petro, mientras que aumenta la disputa jurídica por el decreto y las solicitudes de que no se convoque a elecciones.
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Reportó el registrador que ya se han presentado aproximadamente 30 demandas de nulidad ante el Consejo de Estado y cerca de seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Adicionalmente, la Registraduría ya recibió siete peticiones para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, múltiples derechos de petición y 80 tutelas en otros despachos judiciales.
Otras de las entidades que también se pronunció al respecto sobre este polémico decreto fue la Procuraduría, al abrir una indagación previa contra todos los ministros que firmaron el decreto, tras recibir numerosas quejas ciudadanas.
Diferentes sectores, partidos políticos, juristas y gremios insisten en que la Consulta Popular fue negada por votación hecha el pasado 14 de mayo e insisten en que este decreto es autoritario y peligroso al romper la separación de poderes.
Por su parte, el Ejecutivo ha dicho que tiene los argumentos suficientes para que se avale su determinación e insiste en presuntas irregularidades presentadas en el trámite legislativo.
La decisión definitiva estará en manos de la Registraduría y la Corte Constitucional para analizar este proceso político y determinar si cumplió el trámite constitucional requerido por la ley para convocar a urnas.
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