El excomandante de la desaparecida guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko, compareció nuevamente esta semana ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde analizan una solicitud de amnistía por el delito de terrorismo.
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En esta oportunidad, el exjefe guerrillero, el último que tuvo esa agrupación insurgente antes de firmar la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, fue escuchado en entrevista por la Sala de Amnistía o Indulto, con el fin de que entregara más detalles e información sobre la persecución que emprendieron en 2002, bajo amenaza, contra funcionarios públicos y dirigentes políticos en departamentos como Norte de Santander.
La encargada de la diligencia fue la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, quien explicó que la información recibida tiene que ver con los hechos ocurridos el 26 de junio de 2002 en los departamentos de Santander y Norte de Santander.
Ese año, los integrantes de las Farc amenazaron y declararon objetivo militar a alcaldes, inspectores, jueces, fiscales, diputados y otros funcionarios, con el fin de que renunciaran a sus cargos.
“Estos hechos provocaron el desplazamiento del alcalde de El Tarra, así como la renuncia colectiva de los concejales de los municipios de Ragonvalia, Gramalote, Lourdes, Arboledas, Cucutilla, entre otros municipios de Santander y Norte de Santander”, explicó la magistrada Giraldo Muñoz.
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Según informó la JEP después de la entrevista con el excomandante guerrillero, el objetivo del grupo armado era ejercer presión sobre sus víctimas, para que en un término de 72 horas abandonaran las funciones que desempeñaban o, de lo contrario, serían declarados “objetivo militar” por las Farc.
Durante su comparecencia ante la justicia especial, Timochenko aseguró que la actuación que ejercieron en ese momento en el departamento no obedecía a una decisión adoptada por el pleno del secretariado, sino a una orden del máximo jefe de la agrupación al margen de la ley, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo.
“No, el pleno no, porque no nos reuníamos desde el 2000, sino por orientaciones del comandante en jefe, Manuel Marulanda”, afirmó Londoño.
Timochenko intentó justificar el proceder de las Farc, al señalar que la estrategia de intimidación adoptada en Norte de Santander tenía como propósito generar un vacío en la gobernabilidad, con la ausencia de las autoridades civiles y políticas.
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“Al final de 1999 e inicios del 2000, cuando comienza la ofensiva paramilitar en estos departamentos, hay una directriz del secretariado, en el sentido de generar ingobernabilidad en dicha región y plantearle a los alcaldes y distintas autoridades que renunciaran”, relató el excomandante.
Según reportaron los medios de comunicación en su momento, el temor se apoderó de muchos municipios ante el ultimátum que les dieron las Farc a los funcionarios, pues los amenazados tenían un plazo para renunciar hasta la medianoche de ese 26 de junio, o, de lo contrario, podrían ser asesinados.
“Comenzaremos por desconocer toda la vieja institucionalidad. No más inspectores, alcaldes, secretarios de despacho, funcionarios a cualquier nivel, concejales, diputados y congresistas que representen al régimen político burgués terrateniente. A partir del 26 de junio de 2002, en todas las áreas del bloque oriental, comenzaremos una campaña por desalojar a los representantes del viejo régimen (sic)”, advertía una declaración hecha por la guerrilla.
Tras la información recibida durante la audiencia de entrevista ante la JEP, la Sala estudiará la procedencia del beneficio de amnistía solicitado por Rodrigo Londoño, sobre las conductas reconocidas, o definirá si este proceso deberá pasar a otra ruta al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz.
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