La Misión de Verificación de la ONU en Colombia publicó hace unos días el informe trimestral de seguimiento al desarrollo de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc, que comprende el periodo del 28 de diciembre de 2020 al 26 de marzo de 2021.

Una vez más, el organismo internacional fijó como prioridad para este año, asegurar la protección y seguridad de los excombatientes que siguen en su proceso de reincorporación, la sostenibilidad de la reintegración, la consolidación de la presencia integral del Estado en zonas como el Catatumbo, entre otros aspectos claves.

En diálogo con La Opinión, Arnault Serra-Horguelin, jefe de la Oficina Regional de Cúcuta de la Misión contó detalles de cómo avanza el proceso con los exguerrilleros en Norte de Santander y aseguró que en esta región la mayoría de ellos ha elegido quedarse en la legalidad.

Destacó que, a pesar de las dificultades, hay iniciativas exitosas y esperanzadoras que se vienen desarrollando en municipios como El Tarra, en donde, incluso, tienen su propia oficina de reincorporación desde la cual brindan apoyo a proyectos productivos, educación y formación para el trabajo, fomentan iniciativas de cultura, paz y reconciliación, y trabajo asociativo y cooperativismo.

¿Cuál es la realidad, hoy, del proceso de reincorporación de los exintegrantes de las Farc en Norte de Santander?

De los más o menos 639 excombatientes que están dentro del proceso de reincorporación, la mayoría sigue. Casi la mitad está con un proyecto productivo individual o colectivo y ya se han creado cinco cooperativas y asociaciones. Hay retos, por supuesto, en términos de la sostenibilidad de la reincorporación económica y, como se sabe, los problemas de seguridad en el Catatumbo que amenazan a la población en general y a los excombatientes.

De los exguerrilleros que siguieron su tránsito hacia la legalidad, ¿la mayoría permanece en el antiguo ETCR de Caño Indio, o se han ido reubicando en otros municipios?

Casi todos los municipios del Catatumbo tienen un grupo importante o pequeño de excombatientes. En Tibú hay 227 exintegrantes de las Farc, con 80 en el ETCR de Caño Indio. También están en El Tarra, Convención, Teorama, en Cúcuta y otros lugares.

¿Y cuál es el panorama de seguridad para esas personas que dejaron las armas, tras el Acuerdo de La Habana?

Norte de Santander es una de las zonas más difíciles en el país, junto a Nariño, Cauca y Antioquia. Es una zona donde hay muchos retos de seguridad, no solamente para los excombatientes sino para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entonces, el panorama no es fácil. En los últimos cuatro años hubo 34 homicidios de excombatientes en Norte de Santander; este año van unos 5 casos. Hay muchos esfuerzos que se hacen y muchos que quedan por hacer en términos de evacuar, cuando sepamos de un caso con amenazas.

¿Con el paso de los años se han deteriorado esas condiciones de seguridad para ellos?

Por el momento, de lo que hemos observado, no se ha degradado la situación. El pico de violencia fue en 2018 y a partir de ese año se ha mantenido, o bajado un poco, al menos el nivel de los homicidios. Ahora tenemos algo de inquietud con este año, porque es un año electoral y por supuesto eso implica, quizás, un riesgo mayor de violencia. Por eso es importante que, a nivel de las comunidades, del departamento, se abran espacios de discusión; que los actores políticos puedan decir: vamos a hacer que este año sea un año electoral de paz y creo que ese es el reto.

¿Saben si hay muchos excombatientes que regresaron a las armas y están con las disidencias? ¿Qué radiografía tienen al respecto?

De lo que sabemos, no ha habido una vinculación entre excombatientes y disidencias, pero eso es lo que sabemos. Creo que las disidencias, otros grupos armados y los narcotraficantes están ofreciendo una vía en la ilegalidad que cada persona tiene que evaluar si es mejor, o es mejor quedarse con el proceso legal. La mayoría ha elegido quedarse con el proceso legal. Ahora, todos los actores lo que tienen que ofrecer es que esa vía legal sea mejor que la otra, porque, por supuesto, los grupos armados, narcotraficantes, llegan con ofertas.

Reincorporación  económica

¿Cuántos proyectos productivos liderados por excombatientes de las Farc tienen en este momento la aprobación del Consejo Nacional de Reincorporación o se destacan?

Entre los proyectos colectivos que están en marcha hay tres en Caño Indio y son los más avanzados y los que han tenido más tiempo para conformarse desde 2018; han tenido apoyo del Sena y las instituciones. Son básicamente proyectos agropecuarios y ganaderos. Los principales retos para consolidarlos son el aislamiento de Caño Indio, y también es necesario ver cómo se pueden vincular estos proyectos al mercado.

Una de las críticas de los exguerrilleros era las trabas para consolidar sus proyectos productivos, por la cantidad de trámites que debían cumplir y que terminaban desalentándolos, ¿ha mejorado ese panorama?

Tener un proyecto colectivo implica definirlo bien y entender cuáles van a ser las ventajas de tener una cooperativa o una asociación. Muchas veces llegan con una idea un poco abstracta, sin saber exactamente cuáles son las consecuencias y se necesita este apoyo técnico al inicio para definir claramente cuál va a ser el objetivo, cómo va a funcionar, qué necesitan de apoyo. A partir de ese momento, si esa fase está bien hecha, los pasos administrativos van a seguir uno por uno. A veces se demora tener todas las autorizaciones, porque es un proceso, pero creo que la fase esencial al inicio, es tener bien clara la idea de por qué se hace el proyecto.

¿Y qué tanto éxito han tenido los proyectos individuales?

En El Tarra, la mayoría de proyectos, por ejemplo, son individuales. Para cada uno de ellos ha sido bien difícil su proyecto por el problema de la sostenibilidad. Una vez que la persona tiene sus insumos, cómo hacer para asegurar que el proyecto siga fuerte.

¿El acompañamiento que reciben estas personas para sacar adelante sus iniciativas hasta dónde llega?

La Agencia de Reincorporación y Normalización es quien tiene toda la ruta. Lo que puedo decir es que los facilitadores de la ARN están en contacto constante con los excombatientes, tienen sus reuniones mensuales y es un espacio en el que se puede averiguar si hay dificultades con el proyecto, si necesitan más apoyo técnico y después, cuando regresan a Cúcuta, discuten con los otros actores para ver cómo se puede apoyar el proyecto.

Después de estos casi cinco años del Acuerdo de Paz, ¿se han cumplido los compromisos suscritos con las comunidades de Caño Indio y sus alrededores, especialmente en lo que a servicios públicos concierne?

Hay avances importantes, por ejemplo, en términos de presencia de Fuerza Pública y esto hace que, en este contexto de conflicto en el Catatumbo, el núcleo veredal de Caño Indio haya quedado como una pequeña burbuja de paz. Hay familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución, hay esfuerzos de desarrollo con el ETCR, hay electrificación, que es una solicitud muy fuerte de las comunidades y que está avanzando paso a paso, un poco con dificultades por el terreno, pero sí hay avances. Entonces, podríamos decir que una de las ideas del Acuerdo de Paz es permitir una presencia integrada del Estado en ciertas zonas del territorio colombiano donde nunca hubo esta presencia y allí hay muchas iniciativas positivas que demuestran que sí hay la posibilidad de una presencia integral del Estado. El núcleo veredal de Caño Indio es una oportunidad única.

¿La pandemia ha hecho más compleja la implementación del Acuerdo de Paz?

Ha dificultado el acceso de servicios a zonas rurales a las que ya desde antes era difícil llegar. Pero, al mismo tiempo, podemos decir que el proceso de reincorporación ha seguido virtualmente. La ARN ha retomado las reuniones presenciales cuando se pudo. Creo que el efecto de la pandemia fue mitigado y disminuido con un esfuerzo conjunto de todas las instituciones. Ahora estamos con la preocupación de una tercera ola, porque la pandemia no se ha acabado y vamos a ver cómo seguimos con esta situación.

Arnault Serra-Horguelin, jefe de la Oficina Regional de Cúcuta de la Misión de Verificación. / Foto cortesía para La Opinión.

Los retos del acuerdo

Para la Misión de Verificación, ¿cuál es el punto del Acuerdo de Paz que sigue más rezagado en el Catatumbo?

En el Catatumbo, el reto principal es el aislamiento con los mercados, esencialmente. Sabemos que el objetivo es desarrollar la red de vías y que se están haciendo muchos esfuerzos en ese sentido. Se necesita vincular a todos esos municipios a una carretera que permita, después, que los proyectos puedan desarrollarse. 

¿Qué otros desafíos inmediatos existen para garantizar la implementación?

Es importante ver que en una zona como el Catatumbo, el desarrollo rural y humano se están mezclando con el conflicto. Hay zonas donde el problema es la pobreza y hay que enfocarse en cómo disminuir la pobreza, pero en el Catatumbo están la pobreza y conflicto, por eso es importante enfocarse en esos dos aspectos.