Uno de los frutos que quedó de lo que se llamó la ‘peor semana’ que ha vivido Gustavo Petro al frente de la Presidencia de la República, fue la alianza que surgió entre tres de los partidos políticos que lo acompañan, para rechazar la reforma a la salud que radicó en el Congreso de la República hace cerca de un mes.
Liberales, conservadores y La U se unieron para presentar su propia propuesta, que consiste básicamente en una contrarreforma frente a la cual se pusieron de acuerdo muy rápido y hoy mismo se la entregarán al jefe de Estado, con el fin de que sea discutida en una mesa de trabajo.
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Aunque hay muchos temas en los que coinciden con el Gobierno, como la necesidad de aprobar una reforma, el fortalecimiento del sistema de salud y lograr una mayor cobertura de los servicios, en especial en zonas muy necesitadas y de poca atención, son muchos más los puntos que los alejan.
El inconformismo de los tres partidos se evidenció de manera separada. El primero que salió a rechazar la reforma petrista fue el expresidente César Gaviria Trujillo, quien advirtió que no permitirían que la salud en Colombia fuera hecha trizas. Luego el turno fue para Dilian Francisca Toro, la directora de La U, quien sostuvo que las reformas de ese tipo debían ser concertadas y no impuestas; mientras que desde el conservatismo, su nuevo presidente, Efraín Cepeda, llegó hablando duro y dijo que el partido no votaría la ley tal y como la quiere imponer la ministra Carolina Corcho, a quien además consideró como intransigente.
El primer acuerdo
En lo primero que se pusieron de acuerdo los partidos es en que el proyecto como se está tramitando tendría vicios de trámite. Esto porque tanto el Gobierno como los partidos de la coalición de Gobierno, en cabeza del presidente de la Cámara, David Racero, consideraron que la reforma es una ley ordinaria y no estatutaria.
Este asunto enredó al menos durante dos semanas el trámite del proyecto. El senador liberal Alejandro Carlos Chacón sostiene al respecto que esta es una ley que está tratando asuntos sobre derechos, como el derecho fundamental a la salud, por lo que se tiene que tramitar en la Comisión Primera y no en la Séptima. “Además, no puede tener mensaje de urgencia, porque en las sesiones extraordinarias las leyes estatutaria no se discuten”.
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Aunque el Gobierno no quiso ceder del todo, aceptó que si es necesario, como lo expresó el ministro del Interior, Alfonso Prada, durante la discusión del proyecto retirarían los artículos que se consideren sean estatutarios.
El tema ya llegó, incluso, hasta los tribunales. Desde el partido de oposición, el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid interpuso una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo, para que obligue al presidente de la Cámara a enviar la reforma a la Comisión Primera.
“Ante la negativa del presidente de la Cámara, David Racero, de tramitar la apelación que presentamos junto con otros congresistas para definir si el trámite de la reforma a la salud es por vía la ley ordinaria o estatutaria, he acudido al Tribunal Administrativo de Antioquia para solicitarles que se haga cumplir la Ley Quinta, Reglamento del Congreso y la apelación”, dijo el congresista. Su petición, sin embargo, fue negada por el Tribunal.
El acuerdo de los tres partidos se evidenció de manera formal en la reunión que tuvieron en la Casa de Nariño el pasado lunes, cuando le anunciaron a Petro que pese a ser parte de la coalición no van a votar el proyecto como él quiere que salga. Dos días después definieron los puntos que incluirán en la contrarreforma, la cual quedó lista este fin de semana. Estas son las posturas de cada una de las tres colectividades:
Las ‘líneas azules’
Una de las voces que desde el conservatismo ha sido crítica de la reforma es el representante a la Cámara por Córdoba Wadith Alberto Manzur, quien además expresó sus comentarios sobre el proyecto al propio presidente Gustavo Petro en la reunión que tuvieron la semana anterior.
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“El Gobierno sostiene que el modelo de las EPS y la intermediación en los servicios de la salud va en contra de la vida, que ese modelo de ahorrar costos solamente niega y niega servicios a las personas con el propósito de tener una mayor ganancia. Lo que nos compete a nosotros es plantear un articulado que conserve el aseguramiento como se trabaja hoy en día, garantizando un servicio para todos los ciudadanos, de manera diferencial para quienes viven en una zona profunda, pero también buscar un esquema que no permita que se desfalque al Estado colombiano”, asegura el representante.
En general, lo que el Partido Conservador acordó es que en la contrarreforma quede claro el fortalecimiento de la atención primaria en salud, buscando la equidad en el acceso y atención en las zonas más apartadas del país.
También, que no se permita la estatización y burocratización del sistema de salud, punto en el cual toda la bancada y el Directorio Nacional Conservador estuvieron de acuerdo.
En sintonía con los liberales y La U, e incluso con la reforma que presentó Germán Vargas Lleras por parte de Cambio Radical, los azules proponen que a los colombianos se les mantenga el derecho a la libre escogencia de su aseguradora, como sujeto fundamental de esta reforma.
Para el conservatismo también es necesario “luchar por la dignificación laboral del talento humano en salud”. Una ‘línea azul’ más, como lo definieron en la reunión de bancada, es que “no daremos un salto al vacío. La claridad del impacto fiscal es prioridad para el Partido Conservador”.
La postura de la U
El representante a la Cámara por el Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, quien por su condición de crítico al proyecto no quedó como ponente de la reforma, precisa que la ley debe hacerse sobre lo construido y no partir de la idea de acabar con lo que se tiene en la actualidad.
“Desde el Partido de La U hemos establecido que nos identificamos con el Gobierno en fortalecer la atención primaria en salud, en acabar con la posición dominante de las EPS en el manejo de los recursos públicos y en acabar con la integración vertical”, señaló el congresista.
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No obstante, hizo énfasis en que con lo que no están de acuerdo y frente a lo cual hay enormes diferencias en el proyecto, es “la gobernanza del sistema. Nos preocupa que los recursos terminen yéndose a pagar una nómina y no a la atención del usuario”.
Un aspecto más con el que La U tiene prendidas las alarmas es que “la gestión del riesgo y la gestión financiera se debiliten en vez de fortalecerse. También, que se mantenga el aseguramiento en ese esquema mixto y somos claros en que las facultades extraordinarias para el presidente frente al recurso humano en salud deben ser incorporadas en la reforma laboral, en vez de facultades extraordinarias en la ley de salud”.
Reforma de honor
Pero para quien el trámite de esta reforma se ha convertido casi que en un asunto de honor personal, es para el jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, pues fue durante su Gobierno que se expidió la ley de salud que está vigente en el país y la cual es tan criticada por el presidente Petro y su ministra Corcho.
Y así lo ha expresado Gaviria, tanto por intermedio de su bancada como directamente en la reunión que sostuvieron la semana anterior con el presidente.
“El partido está presto a que se pueda construir una reforma de forma conjunta, que sea fruto de un amplio debate entre el Gobierno y otros partidos. Compartimos la necesidad de hacerle cambios al actual sistema de salud y mejorarle. Hemos encontrado ideas muy útiles en el proyecto Petro y confiamos en que esta pueda ser una iniciativa que respete y valore ideas distintas a las de la ministra Corcho, de quien solo conocemos su intemperancia”, dijo el exmandatario.
Para el expresidente Gaviria, el marco legal en salud define dos estructuras: el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema de Salud. No obstante, ambas tienen la misma finalidad y en la práctica, son lo mismo, sostuvo.
En sus líneas rojas sobre la reforma, Gaviria Trujillo considera que “desde la perspectiva legal, por regla básica, la jerarquía de la Ley 1751 de 2015 impone superioridad del sistema de salud por sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, reiterando que en la práctica son lo mismo, se concluye, entonces, que una modificación sobre el SGSSS es una modificación del Sistema de Salud y de la Ley Estatutaria, por lo cual su trámite debe ser de carácter estatutario”.
Frente al proyecto del Gobierno, dice que se crearán estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas. Además de falta de garantías para ejercer una auditoría independiente, teniendo en cuenta que la contratación de esta la haría el propio ordenador del gasto.
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“Existe una concentración excesiva de poder en la ordenación del gasto de mediana y alta complejidad por parte de solo cinco gerentes de los Fondos Regionales, que son nombrados por el Consejo Administrador correspondiente, en el cual tiene presencia el poder político local y representantes de los trabajadores, los cuales, a su vez, son nombrados po
La reforma de Vargas
Sin que haga parte del acuerdo de los tres partidos de la coalición, la semana pasada también empezó su trámite en el Congreso la reforma a la salud que radicó Cambio Radical, a la cabeza del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien retornó, al menos de forma momentánea, a la actividad política formal.
La iniciativa se fundamenta en garantizar a todos los colombianos el derecho fundamental a la salud, aumenta la satisfacción del usuario y del talento humano del sector y asegura la sostenibilidad del sistema.
Propone una reducción de las inequidades en salud, el trato digno en la prestación de los servicios y en la garantía de la protección financiera del sector; establece un nuevo modelo de atención orientado hacia la salud familiar y comunitaria; la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad; y la gestión integral del riesgo en salud.
Señala que todas las personas que residan legalmente en Colombia, con excepción de quienes se encuentran vinculados a los regímenes especiales, estarán afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud por intermedio de una EPS; las familias y los usuarios tendrán derecho a la libre elección de la entidad promotora de salud, al igual que del centro de atención primaria.
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