Revuelo causó en Cúcuta la noticia conocida el fin de semana sobre la captura del juez especializado de extinción del derecho de dominio del circuito, Juan Carlos Campo Fernández, luego de que, al parecer, le solicitara $600 millones al propietario de unos bienes que están afectados con medidas cautelares, a cambio de favorecerlo con su decisión.

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El eco de su detención, ocurrida el sábado en Bucaramanga, resonó con mucha más fuerza después de conocerse que el funcionario judicial comprometido en un aparente caso de corrupción es el mismo que venía estudiando la demanda de extinción de dominio contra una larga lista de bienes entre cuyos propietarios aparecen los exalcaldes Donamaris Ramírez (2012-2015) y César Omar Rojas (2016-2019).

En ese grupo también están los exsecretarios de despacho Isabel Márquez Rubio, Jimy Galán e Irly Yessenia Sandoval; la Corporación Paz y Futuro, la Constructora Marmal Ltda, entre otros exfuncionarios y contratistas involucrados en investigaciones por las presuntas irregularidades que se presentaron en proyectos como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), la Corporación América Barí (Cambari) y el Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre 2012 y 2019.

Recientemente, La Opinión informó que el juez Campo Fernández decidió admitir la demanda presentada por la Fiscalía 63 y le dio apertura a la etapa de juzgamiento en la que se definirá la suerte de 115 bienes inmuebles ubicados en Cúcuta y otros municipios del departamento, seis sociedades y tres establecimientos de comercio.

Sobre estas propiedades ya pesa una medida cautelar que se aplicó desde el año pasado por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y lo que pidió el ente acusador recientemente es que estos pasen definitivamente a manos del Estado, “en aras de resarcir, de alguna forma, el detrimento ocasionado por la omisión de los delitos imputados en cada uno de los procesos penales a cada uno de los funcionarios públicos y contratistas que participaron en las etapas precontractual, contractual y liquidación de los contratos”.

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A los investigados se les señala de tener participación en la presunta comisión de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, en el trámite de liquidación y ejecución de varios contratos suscritos por la Alcaldía Municipal para la puesta en marcha de programas, principalmente, sociales.

Dicha solicitud fue la que el pasado 8 de marzo aceptó tramitar el juez capturado y que, por ahora, se desconoce a qué despacho pasará, ante la situación que tiene contra las cuerdas a Juan Carlos Campo Fernández.

Según se conoció, la persona a la que Campo le había solicitado una alta suma de dinero, a cambio de fallar a su favor era el exconcejal de Piedecuesta y precandidato a la alcaldía de este municipio, Raimundo Duarte Díaz, quien fue objeto de una medida cautelar con fines de extinción de dominio sobre 39 bienes avaluados en más de $56.000 millones, los cuales, además tendrían alguna relación con el Eln.

Un dato que ha llamado la atención en medio del escándalo que rodea al togado, oriundo de La Guajira, es que el encargado de tomarle posesión a su llegada al cargo como juez penal del circuito especializado de extinción de dominio de Cúcuta en provisionalidad, en octubre de 2019, fue uno de los mismos alcaldes que hasta la semana tenía bajo su lupa: César Rojas.

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Cabe recordar que por el caso de los CDI, la Fiscalía pide la extinción de dominio de ciertos bienes que están a nombre de nueve exfuncionarios y contratistas, entre ellos Donamaris Ramírez. Por el caso Cambari, tres y por el PAE siete personas, entre quienes figura el exalcalde Rojas.

Casa por cárcel

Las audiencias concentradas que se adelantaron el domingo contra el juez especializado Juan Carlos Campo Fernández, luego de ser detenido por recibir dinero para frenar una medida cautelar de embargo y secuestro contra unos bienes, tuvieron un final inesperado.

A pesar de que la fiscal del caso mostró el material probatorio suficiente y, al igual que los representantes de la Procuraduría y de las víctimas, pidió que Campo Fernández fuera enviado a prisión, por considerar que “representa un peligro para el proceso jurídico”, el juez Cuarto Penal con Funciones de Control de Garantías, de Bucaramanga, decidió otorgarle detención domiciliaria, lo que no cayó bien entre las partes procesales.

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Ante esa decisión, tanto la Fiscalía como el Ministerio Público y el abogado de víctimas decidieron apelar y ahora será un juez del circuito de la capital de Santander el que tendrá que confirmar si mantiene en firme la medida o la revoca y envía a la cárcel a Campo Fernández.

Y es que, según se escuchó en las audiencias, cuando el juez especializado de extinción del derecho de dominio trataba de arreglar el ‘negocio’ para cobrar los $600 millones por fallar a favor del exconcejal Raimundo Duarte Díaz y que este no perdiera sus bienes, el togado le aseguró que no se debía preocupar por la Procuraduría, porque él la manejaría.

Para las partes, eso es una clara muestra de que el imputado, al quedar en detención domiciliaria, podría seguir manejando los procesos que existen en el juzgado al que él pertenece, a pesar de que se suspenderían sus funciones como administrador de justicia.

El tiempo máximo en que se podría conocer una nueva determinación es de un mes, pero se espera que se adelante para los próximos días.

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