El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, radicó ayer una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado, con el fin de frenar la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que estableció el Gobierno nacional en Tibú, para facilitar el tránsito de la disidencia del frente 33 de las Farc a la vida civil.

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La Resolución 161, expedida el pasado 23 de mayo, dispone la adecuación de un espacio en el área rural del municipio catatumbero, el cual todavía no se conoce, para el preagrupamiento de los integrantes de este frente.

Como parte de este proceso, la medida contempla la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra los integrantes del grupo armado.

Por esta razón, el dirigente político está pidiendo que se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos de dicho acto administrativo, mientras se resuelve de fondo la demanda, por cuanto este incurre en una grave violación de principios constitucionales y legales.

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“Colombia ya vivió el error de crear zonas donde el Estado renuncia a su soberanía. No podemos repetir ese camino. Esta resolución abre un boquete legal e institucional que debilita el Estado de derecho y deja sin garantías a millones de colombianos. Además, suma motivos para la descertificación del país, lo que traería nefastas consecuencias en materia de cooperación y reputación internacional”, señaló.

Para Galán, con esta decisión, el Gobierno incurre en una extralimitación de funciones, toda vez que la creación de una Zona de Ubicación genera un “ altísimo impacto”, sin motivación suficiente, sin consulta institucional y sin los controles constitucionales que exige un proceso de paz legítimo.

“Además, la Resolución 161 vulnera tratados internacionales sobre derechos humanos y cooperación judicial, ignora el derecho al debido proceso y pone en riesgo al Catatumbo, territorio que ha sufrido el incremento de la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de estructuras armadas ilegales”, aseguró.

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Y agrega que la paz debe construirse con rigor jurídico y no con “concesiones opacas” ni actos administrativos improvisados.

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