El secretariado de la extinta guerrilla de las Farc aceptó la responsabilidad imputada por el tribunal de la JEP el pasado 28 de enero de 2021. En una carta dirigida al tribunal los exguerrilleros aceptaron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra producto de una política de secuestros que adelantó la insurgencia durante varios años.

En una rueda de prensa, el senador, Carlos Antonio Lozada, también conocido como Julián Gallo, aseguró que en el documento radicado las Farc reconoce ante la JEP la política de las Farc sobre el secuestro.

“Además reconocemos que en desarrollo de esa política se presentaron hechos como maltrato y temas de violencia sexual precisando que en el auto se señala que los casos de violencia sexual no fueron sistemáticos ni obedecieron a un patrón. Si bien es cierto no correspondían a una política se dieron en el marco de las acciones de secuestro”, dijo.

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Los imputados que reconocieron su responsabilidad son: Timoleón Jiménez; Pablo Catatumbo, conocido como Jorge Torres Victoria; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez; José Lisandro Lascarro, conocido como Pastor Alape; Ricardo González, conocido como Rodrigo Granda; Mauricio Jaramillo y Carlos Antonio Lozada.

Según explicó Lozada en el documento que fue radicado las Farc reconocen que las políticas de secuestro buscaban “la obtención de recursos; para presionar el intercambio humanitario; para ejercer control territorial en las áreas de operación y la captura y retención de prisioneros con miras a obtener ventaja militar. Además, hacemos el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que tuvieron que enfrentar los secuestrados de las Farc”.

El exguerrillero explicó que “a pesar de que los malos tratos a los prisioneros estaban prohibidos se presentaron esos malos tratos y por eso reconocemos que esto se presentó en desarrollo de esas políticas de secuestro. Además reconocemos la responsabilidad por las conductas y hechos que describe la sala”.

Asumieron igualmente su responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de civiles y miembros de la fuerza pública, así como las omisiones en el control del mando, propias de la dinámica del conflicto.

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Lozada también llamó la atención sobre el asesinato en la Vereda La Agustina, de Santander de Quilichao el asesinato de Arnoldo Medina, conocido como Nelson 30, quien fue comandante del frente que operó en la región suroccidental del país y a juicio del exguerrillero “contribuyó en la construcción del documento radicado en la JEP”.

A su vez, Pastor Alape sostuvo que este ejercicio busca acercarse a las víctimas con respeto, pues son ellas el centro del acuerdo, “queríamos que la paz aliviara el dolor de las víctimas y hoy esta respuesta tiene ese contenido de reconocer los errores cometidos en el conflicto, aceptarlos y solicitar presentar desde nuestra propia humanidad y de quienes les causamos dolor la posibilidad de que algún día puedan perdonarnos”.

Para Alape, “aquí asumimos toda la responsabilidad política y jurídica en este escenario que nos planteamos y en respuesta al auto planteado reconocemos hechos y conductas ocurridos en el contexto de las políticas establecidas como forma de financiación de la organización”.

“Aceptamos que se presentaron graves violaciones y afectaciones al derecho internacional humanitario que no fue una política de la organización pero aceptamos que esas realidades se presentaron y es la responsabilidad que asumimos desde la posición de liderazgo de la organización. Reconocemos los hechos y las conductas, es lo que asumimos en esta respuesta al auto”, agregó.

Los exguerrilleros aseguraron que luego de esta aceptación será la justicia la que determine el castigo que les será aplicado. Según el acuerdo de paz quienes aceptaron responsabilidad y aún siguen en el legislativo como congresistas, en teoría, lo podrían seguir haciendo siempre y cuando hagan un aporte significativo a la verdad.

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El pasado 28 de enero de 2021 la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó a ochos miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra sobre el caso de “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad."

Según el fallo de la JEP, “privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes. Como producto de este crimen, la Sala de Reconocimiento también les imputó a los antiguos miembros del Secretariado otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”.