El Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cúcuta revocó la medida de casa por cárcel con la que había sido favorecido el exalcalde Donamaris Ramírez París, en abril de 2023, y ordenó su traslado a un centro carcelario.
El exmandatario entre 2012 y 2015 es investigado por las presuntas irregularidades que rodearon la ejecución del contrato 876 de 2013 para la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Cormoranes, Ciudad Rodeo, Torcoroma Siglo XXI y Comuneros, cuyo valor alcanzaba los $4.695 millones.
Por estos hechos, a Ramírez le imputaron los delitos de prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en calidad de coautor.
La medida de detención domiciliaria había sido apelada tanto por la Fiscalía como por la defensa del exalcalde y los demás implicados en el proceso penal y, al estudiarla, el Juzgado Sexto resolvió que había razones para modificarla.
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“A criterio del despacho, en el asunto de estudio, la media privativa de la libertad en establecimiento carcelario es la que resulta más efectiva, toda vez que la domiciliaria se encuentra prohibida por el parágrafo del artículo 314 del C.P.P22 y el listado de las no privativas de la libertad no son suficientes para proteger el peligro a la comunidad, pues con ninguna se puede evitar que los procesados se involucren dentro de la administración pública, ya sea ejerciendo cargos públicos o como contratistas del Estado”, dice el juez.
Y agrega que: “En consecuencia, evitar en un futuro que estas personas puedan poner nuevamente en riesgo latente la recta administración de los recursos y en general el correcto funcionamiento de la administración pública, debe realizarse bajo una medida privativa de la libertad”.
La revocatoria de la casa por cárcel también cobija a Jimy Galán Villamizar, secretario de despacho del Área Dirección de Fortalecimiento Corporativo, para la época de los hechos; Irly Yesenia Sandoval Pacheco, quien ocupó los cargos de subsecretaria de despacho y subsecretaria de contaduría municipal, entre 2012 y 2015; Jhon Freddy Maldonado Peñaranda, representante legal de la Unión Temporal CDI, y César Augusto Martínez Álvarez, director de obra, respectivamente, quienes tenían a cargo la ejecución del millonario contrato.
Contra esta decisión no procede recurso alguno, dice el fallo, y el juez ordena que se libren las respectivas boletas de encarcelación para el centro penitenciario y carcelario de Cúcuta.
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